El fiscal impulsó una causa por presunto espionaje ilegal y remarcó que la pesquisa no podrá avanzar sobre la confidencialidad de la prensa.
Stornelli pidió investigar los audios y apoyó a las fuentes de los periodistas
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes que se inicie una causa judicial para analizar la denuncia del Gobierno sobre una supuesta maniobra de inteligencia clandestina.
La presentación oficial sostiene que se habrían grabado de manera ilegal conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En el dictamen el fiscal planteó que la pesquisa no podrá "hurgar en las fuentes de un periodista, merezca el concepto que merezca, por mandato constitucional". Aclaró que la garantía de inviolabilidad de domicilio solo puede ceder con una orden judicial y subrayó que quienes quieran colaborar de manera voluntaria podrán aportar datos.
El pronunciamiento de Stornelli responde a un pedido del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, que había requerido allanar el canal de streaming Carnaval, responsable de difundir audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a la hermana del Presidente. También había solicitado requisar las casas de los periodistas involucrados y de empresarios ligados al medio.
Según la denuncia del Poder Ejecutivo, la maniobra consistió en captar, editar, manipular y difundir clandestinamente grabaciones de Karina Milei. Para el Gobierno, se trató de una operación destinada a desacreditar al oficialismo, influir en la opinión pública, generar alarma social y hasta condicionar las próximas elecciones legislativas. Incluso, el escrito advierte que los hechos podrían encuadrarse en un plan de desestabilización política con fines destituyentes.
Según Infobae, la presentación oficial sostiene además que periodistas habrían extorsionado a funcionarios espiados, lo que amplía la hipótesis más allá de los audios conocidos.
Stornelli planteó que la trama afectaría a otros dirigentes y se habría ejecutado en ámbitos bajo jurisdicción federal, lo que justifica la competencia del fuero. En ese marco, el fiscal consideró que los audios difundidos tienen origen ilegítimo y doloso, reforzando la sospecha de que detrás hay una operación de espionaje ilegal.
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