Victoria Villarruel no había convocado formalmente y, en un hecho inédito, la vicepresidente segunda, la opositora Saag, tomó la presidencia y dio inicio a la sesión.
¿Fue válida la sesión del Senado? Esto dice el reglamento
El Senado de la Nación vivió este jueves una sesión autoconvocada por senadores opositores, sin el llamado formal de la presidencia del cuerpo. El hecho encendió una disputa institucional: mientras el oficialismo libertario calificó la sesión como "inválida" y anticipó que recurrirá a la Justicia, el kirchnerismo y sus aliados defendieron la legitimidad del encuentro bajo la consigna de que "el pleno del recinto es soberano".
La escena se volvió aún más explosiva cuando la senadora kirchnerista neuquina Silvia Sapag, una de las vicepresidentas del cuerpo, dio por iniciada la sesión, desoyendo la ausencia de convocatoria por parte de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Se trató de un gesto inédito: nunca antes una integrante opositora de la mesa de conducción había asumido ese rol por decisión propia.
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La movida dejó en evidencia un escenario de ruptura institucional, con dos interpretaciones opuestas sobre el alcance del Reglamento de la Cámara alta. El oficialismo, liderado por el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche, se aferró al artículo 20 del reglamento, que establece que la citación a sesiones es atribución de la presidencia del cuerpo, luego de recibir un pedido formal de al menos cinco senadores. También invocó el artículo 32, inciso F, que refuerza esa potestad de la presidencia.
"Esto es una sesión nula. Viola el reglamento en varios artículos. Vamos a judicializar este atropello", advirtieron desde La Libertad Avanza.
Sin embargo, la oposición replicó con una doctrina no escrita pero muy utilizada en la Cámara alta: "el número manda". El argumento sostiene que si una mayoría de senadores aprueba lo actuado, la validez de la sesión queda legitimada de hecho. Así lo expresó el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, quien le enrostró a Villarruel que su rol es "conducir las sesiones y cumplir lo que decida la mayoría". Y fue más allá: sostuvo que la vicepresidenta, por pertenecer al Poder Ejecutivo, no puede erigirse en intérprete final del reglamento legislativo.
Con esa presión, Villarruel terminó cediendo. No impugnó de inmediato el accionar de Sapag ni buscó frenar la sesión por vía reglamentaria, lo que fue interpretado por varios senadores como una admisión tácita de la legitimidad del pleno.
Detrás de la escaramuza institucional subyace una pulseada más profunda: el control del Senado y la posibilidad de avanzar con o bloquear iniciativas del Ejecutivo. Si prospera la validación de sesiones sin llamado formal de la presidencia, Villarruel podría quedar reducida a un rol casi ceremonial, sin poder real sobre la agenda parlamentaria.
El escenario ahora se traslada a los tribunales. Será la Justicia la que deba determinar si lo actuado por el pleno tiene sustento legal o si, como sostiene el oficialismo, se trató de una violación del reglamento.
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