En Mendoza se siguen con atención las modificaciones a la Ley de Glaciares que generó manifestaciones y desde el empresariado apuntan que ampliaría las posibilidades de explotación minera.
Día clave en el Senado: tratan la Ley de Glaciares y el acuerdo con la UE
El Senado celebrará hoy su penúltima sesión extraordinaria en la que se tratará la sanción parlamentaria del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la aprobación de modificaciones a la actual ley de glaciares, un tema de gran importancia para Mendoza en relación con la actividad minera.
La convocatoria fue fijada para las 11 y arrancará con el análisis del pliego que propone al exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
El dictamen de mayoría sobre la reforma de la ley de glaciares, firmado en diciembre pasado, aparece como el punto más incierto en términos de votos. En particular, genera discusión el artículo séptimo del proyecto, que habilita a cada provincia a definir la autoridad de aplicación -con excepción de las áreas protegidas por la ley 22.351 de Parques Nacionales- encargada de identificar, con base técnico-científica, los glaciares y ambientes periglaciares que cumplan funciones hídricas estratégicas, es decir, aquellos que actúen como reservas de recursos hídricos o como fuentes de recarga de cuencas.
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Glaciares: a favor y en contra
Para los defensores del proyecto, no hay conflicto: recuerdan que los recursos naturales pertenecen a las provincias y sostienen que la iniciativa respeta ese principio constitucional. Además, enmarcan la discusión en la estrategia del Gobierno libertario de atraer inversiones de gran escala, en coordinación con gobernadores, como parte de un plan de reactivación económica cuyos tiempos -advierten- no son inmediatos.
Del otro lado, sectores críticos desde la óptica ambiental alertan sobre el margen de discrecionalidad que podría quedar en manos de los mandatarios provinciales frente a intereses empresariales. En las últimas horas, sumaron otro argumento: sostienen que algunos artículos podrían entrar en tensión con compromisos asumidos en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
En un escenario de paridad ajustada, no se descarta un eventual empate. De ocurrir, la definición quedaría en manos de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, siempre que esté presente en el recinto. Desde el oficialismo de La Libertad Avanza relativizan esa posibilidad y aseguran confiar en reunir los votos necesarios sin necesidad de desempate.
Acuerdo con la UE
A diferencia de la ley de glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no admite modificaciones: el Congreso solo puede aprobarlo o rechazarlo en bloque. Esa característica acota la discusión parlamentaria, aunque no le resta relevancia política.
Cuando el Poder Ejecutivo incluyó el tratado en el temario de extraordinarias, dejó en claro su intención de que la Argentina sea el primer país del bloque regional en ratificarlo. La apuesta apunta a obtener una ventaja competitiva frente a sus socios en la etapa de implementación.
El acuerdo se compone de un capítulo político y otro económico. El primero quedó momentáneamente frenado luego de que el Parlamento Europeo remitiera el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar su compatibilidad con la normativa comunitaria. Esa decisión fue leída como un obstáculo que podría demorar hasta dos años la entrada en vigor plena del tratado.
Sin embargo, ya se delegaron facultades en el Consejo Europeo para avanzar en ciertos aspectos de integración económica. En ese marco, podrían iniciarse negociaciones con los países que hayan ratificado el acuerdo, por ejemplo, para acceder en primer término a cuotas de exportación de carne. Brasil y Uruguay también enviaron el tratado a sus respectivos congresos y buscan acelerar los tiempos para activar los beneficios del nuevo esquema comercial.
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