El Senado incorporó a un proyecto de ley la "denegación tácita" que fue votado por unanimidad y se convirtió en norma, que deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
Sancionarán a funcionarios que no atiendan reclamos de mendocinos
La Legislatura de Mendoza aprobó este martes en su sesión la incorporación del artículo 38 bis a la Ley N.º 3918 -Código Procesal Administrativo-. El proyecto, propuesto por el senador del Partido Demócrata Armando Magistretti, fue aprobado de manera unánime por los legisladores para obligar a identificar al agente negligente cuando la Suprema Corte admite una acción por denegación tácita, fortaleciendo así la responsabilidad dentro del Estado.
Este artículo tiene como objetivo abordar la práctica conocida como "denegación tácita", que se refiere al silencio del Estado frente a un reclamo administrativo. El senador Magistretti resalta que la Ley 3918 ya contempla la resolución sobre la admisión formal de una acción procesal, ya sea por una decisión definitiva o por denegación tácita. Sin embargo, el nuevo artículo 38 bis va un paso más allá al establecer consecuencias específicas cuando esta admisión se da por silencio administrativo.
Según lo aprobado, cuando la Corte admita una acción por denegación tácita, deberá identificar al agente o funcionario responsable de la demora administrativa en el auto de admisión formal, solicitando al organismo demandado que aplique las sanciones disciplinarias contempladas en la Ley 9003 para casos de negligencia.
El objetivo principal de esta medida es garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos y evitar situaciones de indefensión, promoviendo que los funcionarios actúen con la diligencia debida. La norma busca eliminar obstáculos burocráticos y avanzar hacia una administración pública más transparente, eficiente y responsable.
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Durante el debate en el recinto, todas las bancadas respaldaron el proyecto, resaltando la importancia de que el Estado cumpla con sus plazos administrativos y rinda cuentas en caso de incumplimiento. Con esta sanción definitiva, la ley aspira a instaurar un cambio cultural en el Estado, haciendo efectiva la responsabilidad individual de quienes no cumplen con sus obligaciones.
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