El punto central es la incorporación de la figura de "interino". Además, se eliminan los "cargos hereditarios" en organismos donde aún permanecía esa tradición.
Se vota hoy: las claves de la reforma del Estatuto del Empleado Público
Con protestas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente a la Legislatura, en el recinto este miércoles la Cámara de Diputados votará la reforma del Estatuto General del Empleado Público de Mendoza que envió el Poder Ejecutivo a mediados de agosto.
El punto central de la reforma del estatuto, vigente desde 1973, es la incorporación de la figura de trabajador "interino", que viene a cubrir un vacío legal que existía por los empleados contratados que no están en régimen de planta permanente.
Esta figura de "interino" busca equilibrar la cobertura de vacantes con una protección para el trabajador, pero también lo diferencia claramente del empleado con la estabilidad absoluta de la planta permanente.
Por otra parte, tal como plantea el proyecto, "se propone derogar las disposiciones estatutarias que reconocen derechos cuasi hereditarios de acceso a cargos públicos", lo que se lleva a la práctica con la eliminación del artículo 90, que establecía que ante una vacante generada por el fallecimiento de un agente estatal, tendrían prioridad sus familiares.
A su vez, la reforma presentada por Cornejo elimina la "progresividad" en el régimen de indemnizaciones. Actualmente, se paga el 100% de un salario por año trabajado hasta una década de antigüedad, que pasan a ser del 150% entre 10 y 20 años, y de 200% por más de 20 años. En este punto, el proyecto propone un pago uniforme del 100%.
"Las indemnizaciones se calcularán sobre el total de las remuneraciones (...) correspondientes al último bono de sueldo, por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, y serán acordadas conforme las condiciones siguientes al ciento por ciento (100 %) de las remuneraciones y asignaciones por cada año de antigüedad", dice el "nuevo" artículo 25 del estatuto.
Vale aclarar que las indemnizaciones en el empleo público están planteadas por supresión de cargos, ya sea por reestructuración de organismos o dependencias, o eliminación de las mismas.
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Asimismo, se restringen los derechos de trabajadores que hayan sido echados y que, por orden judicial, tienen que ser reincorporados. Esta modificatoria que propone Cornejo podría tener nombre y apellido: Nicolás Zapata, un actual aliado político que el gobernador echó en 2018 por ser un presunto ñoqui, y que tuvo que reincorporar tras un fallo de la Corte.
Además de reincorporarlo, la Corte ordenó que a Zapata se le paguen los sueldos de todos los meses que transcurrieron entre el despido y la reincorporación. Ahora, la reforma del estatuto aclara que no se pagarán los salarios caídos.
"Si fuere revocada en sede administrativa o anulada judicialmente la baja o cesantía del agente efectivo o interino, tendrá derecho a ser restablecido en su cargo y función, pero no procederá el reconocimiento de salarios caídos, ni el pago de remuneraciones u otras asignaciones que no tengan su contrapartida en servicios efectivamente prestados", dice el "nuevo" artículo 50.
El proyecto de reforma:
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