El ministro Juan Bautista Mahiques aceptó la salida de Alejandro Melik y designó a Gabriela Zangaro.
Mientras crece el caso $Libra, renunció el titular de la Oficina Anticorrupción
El Gobierno nacional avanzó con una reestructuración en áreas sensibles del sistema judicial tras la renuncia de Alejandro Melik -foto de portada-, quien dejó su cargo al frente de la Oficina Anticorrupción. En su reemplazo fue designada la abogada Gabriela Carmen Zangaro, especialista en Derecho Penal.
La decisión fue oficializada a través del decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este viernes. En el texto, el Ejecutivo agradeció "los servicios prestados" por Melik, quien había asumido en diciembre de 2023 y mantenía vínculos con el ex ministro Mariano Cúneo Libarona.
Durante su gestión, uno de los episodios más resonantes fue su intervención en el caso $Libra, donde impulsó una resolución que interpretó la conducta del presidente Javier Milei como "un acto de comunicación individual o privada", en el marco de una investigación administrativa.
Perfil de la nueva titular
La nueva titular de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Carmen Zangaro, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires, con formación de posgrado y experiencia docente en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Inició su carrera en el Poder Judicial en 1989 y ocupó distintos cargos a lo largo de los años. Además, integró durante cuatro años el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde participó en procesos de control y evaluación de magistrados.
En paralelo, el Ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques también avanzó con otro nombramiento clave. Mediante el decreto 195/2026, se designó a la politóloga Jimena Belén Capece como nueva subsecretaria de Acceso a la Justicia.
Capece reemplaza a Tristán Arturo Corradini, cuya salida se formalizó el pasado 6 de marzo.
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Desde la cartera destacaron que esta subsecretaría cumple un rol estratégico en el diseño de políticas públicas federales orientadas a garantizar el acceso a derechos, especialmente para sectores vulnerables.
Entre sus funciones se encuentran la asistencia a víctimas de delitos, el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y la implementación de programas como los centros de asistencia a víctimas y planes de contención frente a violencias.
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