Los cambios alcanzan a jefaturas de módulos clave y se aplicaron como medida preventiva mientras avanza una investigación interna bajo estricta confidencialidad.
Removieron a tres penitenciarios tras la fuga frustrada en Almafuerte
Tres efectivos del Servicio Penitenciario de Mendoza fueron apartados de sus funciones tras el intento de fuga frustrado en el Complejo Almafuerte I, en Cacheuta. La medida incluyó modificaciones en las jefaturas de los módulos 1, 2 y 4, considerados sectores sensibles dentro del establecimiento, y se dispuso con carácter preventivo mientras se desarrollan las actuaciones administrativas.
Desde el organismo informaron que la medida es para "garantizar la seguridad interna, preservar evidencia y asegurar la transparencia del proceso". La investigación sigue en curso, sin embargo, lo que se sabe es que los presos habrían planeado fugarse durante la Vendimia, aprovechano un espacio de tiempo en que sabían que las cámaras de seguridad no estarían funcionando.
En paralelo, se realizaron pruebas técnicas para activar de inmediato las cámaras de videovigilancia en el módulo 4, un sector de alta seguridad. Una de las "zonas sensibles" dentro del plan de fuga frustrado.
La pesquisa avanza en dos frentes: por un lado, sobre los internos involucrados en la maniobra de fuga, y por otro, sobre posibles fallas o responsabilidades dentro del propio servicio penitenciario.
Ver: Cuándo planeaban escapar los presos que se iban a fugar de Almafuerte
Los siete detenidos señalados por el intento de escape permanecen bajo el régimen de Muy Alto Perfil (MAP), el nivel más estricto del sistema penitenciario provincial. Este esquema implica encierro de 24 horas en celdas individuales, aislamiento total y monitoreo permanente, sin contacto con el resto de la población carcelaria.
El MAP se aplica a internos considerados de riesgo extremo, ya sea por su capacidad de fuga, su influencia sobre otros presos o la posibilidad de organizar delitos desde el encierro. Funciona en el Complejo Almafuerte II y fue incorporado tras la reforma de la ley penitenciaria provincial de 2024, que estableció nuevas categorías de clasificación según niveles de peligrosidad.
