Reincorporan a un policía y el Estado deberá afrontar más de $19 millones

 El gobernador de Mendoza firmó el Decreto 2879, con fecha 17 de diciembre de 2025, mediante el cual se dispone la reincorporación a la Policía de Mendoza de un hombre que había sido dado de baja en 2019. La medida se tramitó a través del expediente electrónico EX-2020-00344388-MESA, originado en el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Había sido separado de la fuerza por la Resolución 1759-S del 14 de junio de 2019, firmada por el entonces ministro de Seguridad. La baja obligatoria se aplicó en el marco del artículo 58 inciso 6 de la Ley 6722.

Sin embargo, posteriormente se conoció que la sanción disciplinaria de 60 días que había sido considerada para esa decisión quedó sin efecto, luego del sobreseimiento dictado por la Junta de Disciplina mediante la Resolución PM-079/19.

Más tarde, el 23 de diciembre de 2019, el propio Ministerio revocó la Resolución 1759-S a través de la Resolución 4199-S, lo que dejó sin sustento la baja del efectivo.

Creación del cargo y adecuación presupuestaria

El nuevo decreto no sólo ordena la reincorporación sino que también modifica la Planta de Personal del Presupuesto 2025, creando el cargo correspondiente dentro del escalafón policial.

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Volverá así al puesto de Auxiliar - Personal Policial, bajo el siguiente encuadre administrativo: Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad Organizativa 06, Régimen Salarial 12, Agrupamiento 1, Tramo 01, Subtramo 01, Clase 01.

El impacto fiscal de la medida fue detallado en las actuaciones administrativas. Según los cálculos validados por Contaduría General de la Provincia, el monto total asciende a $19.243.199,14.

Asimismo, se informó al interesado que cuenta con un plazo de 15 días hábiles para interponer recurso de revocatoria o aclaratoria, conforme a lo establecido en la Ley 9003.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial deja sin efecto una baja que había sido aplicada hace más de seis años y restituye formalmente al agente a la estructura de la Policía de Mendoza, con el correspondiente respaldo presupuestario.

Qué dice la Ley 6722

El artículo 58 inciso 6 de la Ley 6722 -que regula el régimen del personal policial de Mendoza- establece una de las causales de baja obligatoria de un efectivo.

En términos simples, ese inciso habilita la separación definitiva de la fuerza cuando el agente incurre en una falta grave que lo hace incompatible con la función policial. Es una herramienta disciplinaria que se aplica ante conductas consideradas de suficiente entidad como para impedir que el uniformado continúe en servicio.

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La Ley 6722 es la norma que organiza el funcionamiento, derechos, deberes y régimen disciplinario del personal de la Policía de Mendoza. Dentro de ese esquema, el artículo 58 enumera distintos supuestos de baja, y el inciso 6 se vincula específicamente con situaciones derivadas de sanciones o conductas que afectan la idoneidad o permanencia en el cargo.

En la práctica, cuando se aplica este inciso, la consecuencia es la baja obligatoria, es decir, la desvinculación del agente de la institución. Si posteriormente la sanción disciplinaria que motivó la decisión queda sin efecto -por ejemplo, por sobreseimiento o revocación administrativa-, esa baja puede ser revisada.