Se titula "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo" y es impulsado por la diputada nacional de LLA, Romina Diez.
Las claves del proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional
El Gobierno tiene decidido avanzar con la reforma laboral cuanto antes. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Romina Diez y respaldada por legisladores de distintos bloques, lleva por título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y busca una modernización profunda del sistema laboral argentino.
El proyecto, que retoma el texto presentado a fines de 2024 en el marco del Consejo de Mayo, apunta a "institucionalizar un modelo económico que actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado". El oficialismo aspira a usarlo como base para una nueva etapa de reformas estructurales, en línea con los principios de la Ley Bases.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la flexibilización de las normas laborales vigentes. Propone modificar artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo el principio de irrenunciabilidad y ampliando las facultades del empleador para cambiar las modalidades de trabajo, siempre que no se afecten elementos esenciales del contrato.
El texto establece que el empleador podrá introducir variaciones en la prestación laboral siempre que no resulten "irrazonables" y se mantiene el derecho del trabajador a considerarse despedido sin causa si se vulneran esos límites. También se detallan los plazos y mecanismos para impugnar sanciones disciplinarias: el empleado dispondrá de 30 días corridos para cuestionarlas.
Indemnizaciones en cuotas y beneficios no remunerativos
Entre los puntos más polémicos, el proyecto habilita que las indemnizaciones puedan abonarse en cuotas, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, que podrían hacerlo en hasta 12 pagos mensuales. Además, redefine el concepto de beneficios sociales, que incluirán desde almuerzos y útiles escolares hasta servicios de telefonía e internet, sin carácter remunerativo.
En cuanto al pago de haberes, se permite la utilización de efectivo, cheque o transferencia bancaria y se autoriza el uso de recibos electrónicos, con información detallada sobre liquidaciones y deducciones.
Vacaciones, horas extras y convenios flexibles
El proyecto plantea una mayor flexibilidad en la asignación de vacaciones, que podrán dividirse en tramos no menores a una semana. Los trabajadores casados o en unión familiar que compartan empleador podrán solicitar tomarlas en conjunto, y se garantiza que todos puedan acceder al período de verano al menos una vez cada dos años.
Las convenciones colectivas de trabajo podrán adaptar los regímenes a nuevas modalidades de producción, incorporando sistemas de bancos de horas y francos compensatorios, siempre con un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
Enfermedad, licencias y verificación médica
En materia de licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos actuales de tres o seis meses de salario según la antigüedad, ampliados a seis o doce meses si el trabajador tiene cargas de familia. Además, se incorpora un mecanismo oficial de verificación médica a través de la Secretaría de Trabajo, que podrá convocar peritos y aplicar sanciones en casos de falsedad o incumplimiento.
El empleador deberá conservar el puesto durante un año tras el vencimiento del período de licencia, aunque podrá extinguir el vínculo sin indemnización si el trabajador no se reincorpora.
Nuevas reglas en juicios laborales
El proyecto también modifica el régimen de intereses en créditos laborales. Los montos se calcularán con una actualización por IPC más una tasa de interés pura del 3% anual, y se limita el pacto de cuota litis (honorarios sobre el monto del juicio) al 20%. Las micro y pymes podrán abonar sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales.
Incentivos al empleo privado
Uno de los capítulos más ambiciosos es el de incentivos a la contratación formal. Se crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que incorporen nuevos trabajadores en los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los beneficios variarán según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes compañías.
El incentivo solo aplicará si la contratación representa un aumento real de la nómina y el nuevo empleado no tuvo trabajo registrado en los tres meses previos, salvo excepciones en programas de inserción laboral.
Cambios en el trabajo agrario
En paralelo, el proyecto redefine el régimen de trabajo agrario, excluyendo a quienes realicen tareas industriales, turísticas o de servicios, y a los empleados de casas particulares. Se mantiene la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias respecto de los trabajadores cedidos, pero se excluye a los propietarios que arrienden tierras no productivas.
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