Una jueza federal resolvió que la demanda de la CGT contra la reforma laboral debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal, no en la Justicia del Trabajo. El Gobierno confía en que ese tribunal revierta la suspensión de 83 artículos de la ley.
Le sacaron la causa al juez que frenó la reforma laboral
La pelea judicial por la reforma laboral del Gobierno dio un giro importante este viernes. Una jueza federal decidió que la causa que inició la CGT contra la Ley de Modernización Laboral no le corresponde a la Justicia del Trabajo, sino al fuero Contencioso Administrativo Federal. El cambio es clave: significa que el juez que había suspendido casi un centenar de artículos de la norma quedó fuera del expediente, y que será otro tribunal el que evalúe si esa decisión se mantiene o se revoca.
Según informaron medios porteños, desde la Casa Rosada leen el fallo con optimismo, considerando que sus chances de revertir la suspensión son mayores ante la justicia federal que ante los tribunales laborales porteños.
Qué dijo la jueza
La magistrada Macarena Marra Giménez fue quien resolvió el conflicto de competencia entre los dos fueros. En su fallo, determinó que la demanda de la CGT apunta directamente a cuestionar la legalidad de actos del Estado, y no a resolver un conflicto entre un empleado y su empleador. Por eso, concluyó que la causa debe tramitarse en la justicia federal y no en los juzgados laborales de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez Ojeda había suspendido 83 artículos de la reforma laboral a fines de marzo.
La resolución siguió el criterio del Ministerio de Capital Humano, que había pedido desde el principio que el expediente pasara al fuero contencioso administrativo. El fallo también se apoyó en el artículo 79 de la propia Ley N°27.802, que modificó la competencia para cuando el Estado es parte en conflictos laborales, y en la doctrina de la Corte Suprema.
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Según el tribunal, permitir que la Justicia Nacional del Trabajo de la CABA decida sobre la constitucionalidad de políticas nacionales "alteraría el sistema federal y el control de los actos del Estado". A partir de ahora, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 deberá remitir el expediente. Si se niega, la causa irá directamente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El fallo que encendió todo
El origen de esta disputa está en una decisión tomada a fines de marzo por el juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63. Ese tribunal había resuelto suspender de manera provisoria 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, a pedido de la CGT.
El sindicato, representado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo como cotitulares, argumentó que varios puntos de la reforma afectan derechos fundamentales de los trabajadores garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales. Entre los artículos cuestionados figuran cambios en las jornadas, las vacaciones, la representación sindical, la negociación colectiva, la derogación de la ley de teletrabajo (N°27.555), la flexibilización de condiciones salariales y la limitación de la responsabilidad solidaria de los empleadores.
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El juez Ojeda había justificado la medida cautelar señalando que "la posible aplicación de las normas atacadas, antes de que una sentencia definitiva determine su validez constitucional, podría causar daños irreparables a los derechos individuales y colectivos protegidos por la norma anterior". Al mismo tiempo, aclaró que la suspensión es provisoria y "no afecta el debate de fondo".
Ahora, con el expediente a punto de cambiar de manos, ese debate continuará -pero ante una justicia diferente, con criterios distintos, y con el Gobierno convencido de que el resultado puede ser otro.
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