El gobernador salteño dijo que el kirchnerismo amenaza con intervenir los partidos provinciales si apoyan el proyecto oficialista.
Gustavo Sáenz denunció amenazas del kirchnerismo a los gobernadores
A pocas horas de que el Senado abra el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, una denuncia pública del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dejó al descubierto el nivel de presión interna del peronismo.
Sáenz expuso la existencia de amenazas y advertencias directas dirigidas a diputados y senadores justicialistas para impedir que acompañen el proyecto oficial, cuyo objetivo es modificar el marco de relaciones laborales.
El foco del conflicto está puesto en Convicción Federal, un bloque de cinco senadores que, si bien formalmente integra el espacio peronista, mantiene una posición autónoma respecto de la conducción kirchnerista. Su definición puede inclinar el resultado en un Senado sin mayorías claras, donde cada voto cuenta.
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Mientras la Casa Rosada acelera negociaciones con los gobernadores para asegurarse apoyos, el peronismo duro intenta cerrar filas y bloquear una ley que considera estratégica para el proyecto libertario.
El antecedente
Las señales de ruptura ya se habían manifestado en distritos como Misiones, Salta y Jujuy, donde decisiones legislativas favorables al oficialismo derivaron en fuertes represalias partidarias. El caso de Jujuy fue el más visible: el respaldo de una senadora al Presupuesto terminó con la intervención del PJ provincial, un antecedente que hoy funciona como advertencia para otros distritos.
"Hay gobernadores y legisladores a los que se les dijo que, si no votan en contra, les intervienen el partido", afirmó Sáenz.
La lógica que describió el gobernador es conocida en la política argentina: el control del sello partidario como mecanismo de disciplinamiento. En muchas provincias, el PJ sigue siendo la principal estructura electoral; perderla implica quedar sin base territorial, sin financiamiento y sin capacidad real de competencia.
Convicción Federal, que mantiene diálogo fluido con la Casa Rosada y no responde automáticamente a la conducción kirchnerista, se convirtió en blanco de presiones. Desde el ala dura los acusan de "coquetear" con el Gobierno; ellos responden que no están dispuestos a pagar el costo económico y social de una confrontación permanente que impacta directamente en sus provincias.
"Así es muy difícil trabajar", resumió Sáenz. Su frase no apuntó solo a esta ley, sino a un sistema en el que el debate queda subordinado al castigo interno y la autonomía se penaliza.
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