El Gobierno avanza con un nuevo proyecto que redefine el vínculo entre empleadores y trabajadores, limita las cuotas solidarias y promueve acuerdos por empresa. Los sindicatos alertan que está en juego su financiamiento histórico.
Milei busca desactivar una caja millonaria de los gremios
El Gobierno de Javier Milei avanza con el nuevo proyecto de reforma laboral, una iniciativa que promete modificar de raíz la legislación vigente y que ya abrió un frente de conflicto con la CGT.
Según fuentes oficiales, el paquete incluirá casi 100 artículos y será presentado en el Congreso a mediados de diciembre, con respaldo de los gobernadores y del Consejo de Mayo.
La propuesta fue elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el equipo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Entre los ejes centrales figuran el Fondo de Cese Laboral, el Banco de Horas y la limitación de las cuotas solidarias, el mecanismo por el cual los sindicatos financian buena parte de su estructura.
"No vamos a negociar a ciegas", advirtió el dirigente de la CGT Cristian Jerónimo, al marcar la resistencia sindical frente al avance del proyecto.
Fondo de cese y acuerdos por empresa
El Fondo de Cese Laboral -una figura ya incluida en la Ley Bases pero que ahora se amplía- permitirá reemplazar la indemnización tradicional por aportes mensuales a fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. Será optativo, pero solo si es acordado en los convenios colectivos entre sindicatos y cámaras empresarias.
La lógica oficial busca reducir la litigiosidad y fomentar la contratación, al tiempo que se conserva la protección del trabajador. Otro punto clave es la posibilidad de que los acuerdos por empresa o por región prevalezcan sobre los convenios de actividad, lo que implica una transformación estructural del sistema actual.
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"Es exactamente al revés de lo que estipula hoy la ley", reconocen en el Gobierno a medios económicos. Esta medida, de aprobarse, debilitaría el poder centralizado de los gremios y fortalecería las comisiones internas dentro de las empresas, que pasarían a tener potestad para negociar directamente condiciones laborales.
Golpe a la caja sindical
Uno de los apartados que más inquieta a los gremios es la limitación de las cuotas solidarias, un mecanismo mediante el cual los sindicatos reciben aportes obligatorios de todos los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados.
Según estimaciones oficiales, las principales organizaciones sindicales manejan fondos multimillonarios a través de este sistema.
Camioneros: con 244.000 afiliados, recauda alrededor de $206.500 millones al año, equivalente a $845.000 por trabajador. Comercio: con 1,2 millones de afiliados, percibe cerca de $1 billón anual, unos $803.000 por trabajador. Construcción (UOCRA): recauda $372.000 millones anuales, o $1 millón por trabajador. Encargados de edificios (SUTERH): cerca de $79.300 millones anuales. Metalúrgicos (UOM): unos $96.500 millones al año. Gastronómicos (Uthgra): más de $228.000 millones anuales.
El proyecto estipula que solo los afiliados podrán realizar aportes, salvo consentimiento expreso de los no afiliados. Es la misma idea que Sturzenegger había impulsado en el DNU 70, frenado por la Justicia.
"Si este decreto voltea las cuotas solidarias, pone en bancarrota a todo el gremio", había advertido meses atrás Armando Cavalieri, líder del sindicato de Comercio.
La iniciativa también plantea una reglamentación del derecho a huelga, retomando conceptos del DNU 70 y del decreto 340. Se redefinirán los servicios esenciales y trascendentales, con obligaciones de cobertura mínima del 75% y 50%, respectivamente.
Además, se incorpora la figura del salario dinámico o variable, vinculado al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa.
Otro aspecto relevante es la clarificación de la Ley de Contrato de Trabajo, que excluirá a la administración pública, el régimen doméstico, el trabajo agrario y las plataformas digitales. Según los técnicos del Gobierno, esto brinda seguridad jurídica y adapta la normativa a nuevas formas de empleo.
Banco de horas y vacaciones flexibles
El esquema de banco de horas permitirá organizar la jornada laboral según promedios semanales o mensuales, con un máximo de 48 horas semanales. Así, por ejemplo, un trabajador podría laborar 12 horas durante cuatro días y luego descansar tres, sin violar los límites legales.
En sectores como la minería o los shoppings, el sistema ya se aplica parcialmente. "La idea es modernizar sin precarizar", aseguran desde la Secretaría de Trabajo.
También se habilita el fraccionamiento de las vacaciones en períodos mínimos de siete días, por acuerdo entre las partes, para facilitar la planificación empresarial y las preferencias del trabajador.
El Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso a mediados de diciembre, junto con la reforma tributaria, como parte de un paquete coordinado. Según trascendió, Milei confía en obtener el respaldo de los gobernadores en el Consejo de Mayo, aunque la CGT ya prepara una estrategia judicial y de movilización para frenar la iniciativa.
En la Casa Rosada sostienen que la reforma laboral es clave para atraer inversiones y reducir la informalidad, mientras que los sindicatos la interpretan como un intento por debilitar su poder financiero y político.
En el trasfondo, se juega algo más que una cuestión de derechos laborales: el control de una caja multimillonaria que durante décadas sostuvo la estructura sindical argentina.
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