La gestión libertaria acelera los cambios en medios del Estado: recortes de personal, privatizaciones y un giro estratégico para reestructurar el sistema.
Avanza el ajuste en medios públicos: achique, retiros voluntarios y cierres
Las autoridades designadas oficialmente en el sector de medios públicos comenzaron esta semana a delinear un cambio profundo que el gobierno nacional viene planeando desde su llegada a la Casa Rosada. Con una meta clara, el Ejecutivo busca reducir la estructura estatal en comunicación y, de ser posible, privatizar gran parte de sus componentes. Si ese camino no avanza, no se descarta directamente el cierre de algunos organismos.
Desde el primer día, el Gobierno considera que el esquema actual de medios públicos está sobredimensionado. Según fuentes oficiales citada por La Nación, sus estructuras superan por lejos las de señales privadas, aunque operan con déficit permanente. En esa lógica se enmarca el desembarco reciente de Carlos Curci, quien hasta fines de julio fue vocero de la Sociedad Rural, y de Bárbara Pintelos, nombrada como subsecretaria de Medios, un cargo que hasta ahora no había sido cubierto formalmente.
Ambas incorporaciones buscan acelerar las reformas que no se concretaron durante el primer tramo de la gestión. Curci llega para reemplazar a Carlos González, interventor durante un año, designado en su momento por el mendocino Diego Chaher, referente del proceso de privatizaciones estatales. González no respondía ni al secretario de Medios, Manuel Adorni, ni al asesor Santiago Caputo, dos figuras de peso en el área.
En el caso de Pintelos, su perfil es llamativo: proviene del ámbito económico y no tiene experiencia en medios. Desde el Ejecutivo señalan que ese es justamente su valor: no llega a gestionar contenido, sino a aplicar ajustes estructurales. "Viene a achicar todo", sintetizan voces cercanas a Balcarce 50.
Los próximos pasos están definidos. Contenidos Artísticos e Informativos SAU, ex Contenidos Públicos, es una de las empresas con mayor riesgo de ser disuelta. En tanto, señales como Paka Paka, orientada a la niñez, podrían ser trasladadas, concesionadas o directamente cerradas.
Uno de los focos centrales es Radio y Televisión Argentina (RTA), que emplea a más de 2.200 personas. Según publicó La Nación, la intención oficial es reducir esa cifra a la mitad y continuar con una poda presupuestaria para dejar la estructura lista para una eventual venta, siempre que se consigan los votos necesarios en el Congreso. Ese escenario podría activarse después de diciembre, cuando el oficialismo espera mejorar su presencia legislativa.
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Otra pieza clave es Apesau (Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal), exTélam, que maneja los últimos remanentes de pauta estatal. También allí se proyectan bajas de personal. Un reciente informe del PRO criticó al Gobierno por haber hecho, en este caso, "solo un cambio de nombre". Desde el oficialismo niegan esa interpretación.
La TV Pública y Radio Nacional también están en la mira. Con aproximadamente 900 empleados la primera y 1.169 la segunda, se analiza reducir a la mitad ambas dotaciones. En todas las áreas se priorizarán los retiros voluntarios, antes de aplicar despidos.
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