El gobierno del presidente Javier Milei buscará fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal. Eleva montos, acorta plazos y apunta a que más argentinos regularicen su situación sin enfrentar causas penales.
Qué dice y a quiénes alcanza la Ley de Inocencia Fiscal aprobada
La llamada Ley de Inocencia Fiscal ya es un hecho. El Congreso le dio sanción definitiva a una de las iniciativas centrales del paquete tributario del oficialismo, con el objetivo declarado de modificar el trato del Estado hacia los contribuyentes y reducir la judicialización por cuestiones impositivas. La norma introduce cambios profundos en el Régimen Penal Tributario y establece nuevas reglas para personas y empresas frente al fisco.
Uno de los ejes centrales de la ley es la actualización de los montos a partir de los cuales una evasión pasa a considerarse delito penal. En ese sentido, el texto eleva de forma significativa los umbrales que activan una causa judicial. A partir de ahora, la evasión simple será delito solo si supera los $100 millones, cuando antes el límite era de $1,5 millones. En el caso de la evasión agravada, el piso se eleva a $1.000 millones, frente a los $15 millones vigentes hasta ahora.
El cambio implica que una gran cantidad de infracciones que antes podían derivar en procesos penales quedarán circunscriptas al plano administrativo. Según la mirada oficial, la intención es que el derecho penal sea la última instancia y no una herramienta automática ante cualquier inconsistencia fiscal. La ley refuerza así el principio que le da nombre: el contribuyente es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.
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Otro punto clave es la reducción de los plazos de prescripción. La nueva legislación acorta de cinco a tres años el tiempo que tiene el Estado para reclamar deudas tributarias, lo que limita la posibilidad de iniciar acciones tardías. A la par, se endurecen las multas por incumplimientos formales, con el objetivo de incentivar la presentación correcta y en término de las declaraciones juradas.
La norma también contempla la extinción de la acción penal en determinados casos. Si el contribuyente regulariza su situación y paga la deuda, los intereses y las multas antes de que exista una denuncia formal, el proceso penal no se inicia. Además, si el fisco pierde la facultad de determinar el tributo por el paso del tiempo, la causa queda sin efecto.
Dentro del paquete de cambios, se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas que se encuentren dentro de ciertos parámetros de ingresos y patrimonio. Quienes adhieran a este esquema tendrán menos exigencias formales y no estarán sujetos a controles sobre variaciones patrimoniales, un punto que busca reducir la carga burocrática sobre pequeños y medianos contribuyentes.
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La Ley de Inocencia Fiscal alcanza a personas físicas, empresas y sucesiones en su relación con el organismo recaudador, hoy denominado ARCA. Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a generar previsibilidad, bajar la litigiosidad y facilitar la incorporación de ahorros no declarados al circuito formal, sin el temor permanente a una causa penal.
La iniciativa fue presentada como un cambio de paradigma en materia tributaria. Para el oficialismo, se trata de dejar atrás un esquema punitivo y avanzar hacia uno basado en la regularización y el cumplimiento voluntario. Para la oposición, en cambio, el debate quedó atravesado por el impacto que la suba de los montos puede tener en el combate contra la evasión a gran escala.
Con la ley ya vigente, el foco estará puesto en su aplicación concreta y en cómo estos cambios alteran, en la práctica, la relación entre el Estado y los contribuyentes en un contexto económico todavía marcado por la informalidad y la presión fiscal.
