La iniciativa fue presentada por el diputado Germán Gómez y propone establecer un "precio sostén", compensaciones directas y un fondo específico para evitar que la crisis del sector "recaiga sobre productores y contratistas".
Qué dice el proyecto del PJ que busca declarar la Emergencia Vitivínicola
En las últimas horas ingresó a la Legislatura un proyecto de ley del diputado provincial Germán Gómez, presidente del bloque PJ, para declarar la Emergencia Vitivinícola en Mendoza y crear herramientas extraordinarias de asistencia al sector.
La iniciativa se presenta en un contexto de crisis prolongada para la vitivinicultura provincial, con productores que denuncian precios por debajo de los costos, caída del consumo, sobrestock, dificultades de financiamiento y condiciones de comercialización cada vez más inciertas.
En ese contexto, el proyecto sostiene que "la vitivinicultura, en Mendoza, es trabajo rural, arraigo, identidad y economía real" y remarca que cuando la ecuación económica se rompe, "el impacto no queda en un balance; se traslada a la vida cotidiana".
Desde el justicialismo local ponen el foco en "evitar que la crisis vuelva a recaer sobre el eslabón primario", es decir, sobre productores y contratistas. El proyecto sostiene que "la crisis no es responsabilidad de los productores" y advierte que, "históricamente", el ajuste" termina descargándose" sobre viñateros, contratistas y cooperativas.
En esa línea, el escrito señala que si el eslabón primario se debilita, el impacto no se limita a la finca: se traslada al empleo rural, al comercio local y al entramado social de los distintos puntos productivos de Mendoza.
Las claves del proyecto
Entre los aspectos centrales, la iniciativa busca declarar la Emergencia Vitivinícola "en sus dimensiones productiva, económica, social y laboral" por un plazo de 24 meses desde la promulgación de la ley, con posibilidad de prorrogarla por única vez hasta 12 meses más mediante otra norma.
Además, solicita la creación de un Fondo Provincial de Emergencia y Estabilización Vitivinícola, de carácter complementario, destinado a financiar herramientas concretas para sostener al sector en el actual contexto de crisis.
Entre las principales medidas se establece un Precio Sostén Provincial, que sería fijado por resolución fundada y con una metodología pública basada en los costos por oasis y en las condiciones reales de comercialización. También prevé una Compensación Directa al Productor, no reintegrable, calculada sobre operaciones documentadas y verificables.
El proyecto suma medidas de financiamiento complementario -como bonificación de tasas, garantías y ampliación de cupos- articuladas con líneas crediticias existentes para facilitar el acceso a capital de trabajo, cosecha y acarreo. A esto se agregan la compra pública de subproductos vitivinícolas mendocinos, priorizando cooperativas y pymes, y un esquema de alivio fiscal provincial con criterios objetivos para sostener la continuidad productiva y el empleo.
En el cierre argumental, el texto subraya que "la defensa del trabajo y del arraigo no se declama, se instrumenta" y advierte que cuando el Estado "llega tarde o llega débil, el costo lo paga el trabajo rural". La propuesta busca "un acompañamiento amplio" y sostiene que "si se rompe la vendimia, se rompe una parte central de la economía mendocina".
El proyecto
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