El Gobierno de Mendoza oficializó una serie de bajas en la administración pública. Los motivos van desde el abandono de cargo y certificados falsos hasta condenas por delitos graves y desórdenes bajo efectos del alcohol.
Purga en el Estado: abusos, certificados falsos y abandono de trabajo
Este jueves se publicó en el Boletín Oficial una serie de decretos y resoluciones que confirman la desvinculación de varios agentes estatales. Bajo la figura de "cesantía expulsiva" o "no confirmación en el cargo", el Gobierno de Mendoza echó a empleados públicos por irregularidades cometidas en diversas áreas, con especial foco en Salud y Seguridad.
En total, se contabilizan 13 agentes estatales afectados por procesos de desvinculación o sanciones graves. El desglose incluye 4 cesantías firmes, 1 no confirmación en el cargo de un policía tras provocar destrozos en Las Heras en estado de ebriedad, y 8 agentes adicionales en procesos críticos: 3 con sugerencia de cesantía por abandono de servicio , 4 efectivos policiales bajo sumario por denuncias masivas , y una empleada legislativa con pedido de recupero de haberes y sumario administrativo
Uno de los casos que más resuena es el de Laura Marina Mamani, quien se desempeñaba en el Hospital Gailhac. La agente fue echada luego de que se comprobara la presentación de un certificado médico apócrifo, el cual habría sido confeccionado por su propio esposo con su consentimiento.
Aún más grave es la situación de Maximiliano Julián Cazorla Villafañe, ginecólogo del Hospital Las Heras de Tupungato, cuya cesantía definitiva quedó firme tras una condena penal de cuatro años y seis meses de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante. El decreto no solo lo aparta del Estado, sino que inhabilita su matrícula para ejercer en cualquier ámbito sanitario oficial.
Policía ebrio y una agente que se fue del trabajo
El Ministerio de Seguridad también reportó bajas significativas. Por ejemplo, el policía Agustín Leonardo Ferreyra Milesse fue desafectado de la fuerza y no confirmado en su cargo. La medida se tomó tras un violento episodio en Las Heras, donde el efectivo protagonizó disturbios y daños en la vía pública, registrando un dosaje de 1,33 g/l de alcohol en sangre.
A este caso se suma el de la auxiliar Nancy Noelia Fraga Almada, a quien se le inició el proceso de expulsión por "abandonar voluntaria y maliciosamente la prestación del servicio público". En una situación similar se encuentra el policía Leandro Emmanuel Páez Ruggeri, quien fue citado ante la sospecha de que habría abandonado sus funciones para irse del país.
Finalmente, la Inspección General de Seguridad mantiene abiertos sumarios contra un grupo de seis efectivos policiales (encabezados por el comisario Ceferino Navea Pizarro) por "denuncias masivas" recibidas en su contra.
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Ratificaron una cesantía por maltrato infantil
Además, en una resolución, el Ministerio de Educación, que incluye el área de Infancias, dejó firme la expulsión de un agente estatal por maltrato hacia niños y adolescentes. Se trata de Maximiliano Ariel Moyano, a quien le rechazaron el recurso que presentó contra la expulsión.
"De las actuaciones disciplinarias surge que el agente incurrió en maltrato físico y psicológico hacia los NNyA y compañeras de trabajo del Hogar Compartiendo Sueños configurando una falta grave", dice la resolución firmada por Tadeo García Zalazar.
Irregularidades en el Senado
Incluso el Poder Legislativo se vio afectado. La empleada Delia Andrea Puebla, de la Cámara de Senadores, no solo enfrenta un sumario administrativo, sino que el Estado ha ordenado el inicio de acciones legales para recuperar sueldos que la mujer percibió de manera indebida.
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Del mismo modo, la falta de cumplimiento de la jornada laboral es la causa común en otros expedientes que avanzan hacia la cesantía:
Fabián Berducci Fragapane (Médico): Sumariado por no reintegrarse tras una licencia en 2024.
Diego Hernán Charbel Paredes Rolán (Seguridad): La Junta de Disciplina ya aconsejó su cesantía por reiteradas inasistencias injustificadas.
Carla del Rosario Aranguez (Salud): Enfrenta un sumario por registrar más de cinco inasistencias continuas sin justificación.
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