Los contratos del Estado seguirán hasta marzo de 2026

 El Gobierno de Mendoza firmó el Decreto N° 2736 para extender, sin trámites extra, la continuidad de múltiples modalidades de prestación de servicios dentro del Poder Ejecutivo y entes descentralizados. 

La medida fija una prórroga automática que corre del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, siempre que las erogaciones se cubran con Rentas Generales (Financiamiento 000) o con Recursos Afectados (provinciales o nacionales) "en la medida que la efectiva recaudación así lo permita".

Según el texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, el decreto busca evitar que el vencimiento del 31 de diciembre de 2025 corte de golpe la operatoria diaria del Estado. 

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En esa línea, el Ejecutivo remarca que, para sostener estas continuidades, no será necesaria "la suscripción de ningún tipo de documentación, ni cláusula adicional, ni la emisión de acto administrativo alguno".

El alcance es amplio: incluye a quienes, al 31 de diciembre de 2025, estén en adscripción, con designación interina (bajo los términos del artículo 4° de la Ley 9015), contratados en Planta Temporaria (según el artículo 8° del Decreto Ley 560/73), o perciban adicionales y/o suplementos. También se contempla a quienes presten servicios bajo sistemas de Locación de Obras o Servicios y honorarios determinados en Horas Módulo Deportivo, con el mismo criterio presupuestario.

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Además, el decreto incorpora un capítulo específico para contratos vinculados a la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.): se prorrogan, en las mismas fechas, los convenios cuyo vencimiento opere el 31 de diciembre de 2025 y que estén financiados con fondos afectados provenientes de Organismos de Crédito Internacional, con el objetivo de no frenar obras en marcha.

La norma aclara que la continuidad se mantiene en idénticas condiciones a las vigentes al cierre de 2025: horarios, honorarios, funciones y requisitos. También establece que ministros y autoridades superiores pueden disponer modificaciones o el cese de adscripciones o prestaciones puntuales durante la prórroga, mediante la norma correspondiente.