El juez Sebastián Casanello sostuvo que la Agencia Nacional de Discapacidad fue utilizada para desviar fondos públicos y procesó a exfuncionarios y empresarios; los audios que mencionaban a Karina Milei no fueron usados como prueba ni aparecen en el fallo.
Procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, negociaciones incompatibles y cobro de sobornos. Según el fallo, la dependencia fue utilizada como un mecanismo de enriquecimiento personal durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.
Casanello sostuvo que Spagnuolo actuó como uno de los jefes de una organización que "cooptó" la Andis junto con otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos figuran Daniel Garbellini, exnúmero dos del organismo, y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, quienes, de acuerdo con la investigación, habrían influido desde afuera para direccionar licitaciones y aplicar sobreprecios.
En total, el magistrado procesó a 19 personas, entre exautoridades, empleados del organismo y privados que habrían participado con distintos roles en la maniobra. El fallo describe un "entramado de corrupción institucional" que operó de forma coordinada en contra del interés público y a favor de negocios ilícitos.
"La Agencia fue empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de su función esencial: la protección de las personas con discapacidad", afirmó Casanello, quien también ordenó embargos millonarios contra los principales acusados.
El juez advirtió además que la investigación podría ampliarse, al señalar que existen indicios de que el esquema delictivo no se limitó a los hechos ya probados y que podría involucrar "otro nivel de complicidades", por lo que instó a profundizar las pesquisas judiciales.
El caso
La causa judicial se inició en agosto del año pasado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón basada en publicaciones periodísticas.
El expediente tomó estado público tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se lo escucha afirmar que un funcionario clave habría sido incorporado a la Agencia Nacional de Discapacidad "para robar" y que un 3% de las maniobras irregulares estaría destinado a Karina Milei. En esas grabaciones, además, se menciona que el propio Javier Milei habría sido advertido sobre lo que ocurría dentro del organismo.
Pese al impacto político de ese material, los audios no fueron incorporados como prueba en el expediente. Ni el fiscal Franco Picardi ni el juez Sebastián Casanello los utilizaron para fundamentar las imputaciones y no fueron mencionados en el fallo. Las defensas sostienen que se trata de grabaciones de origen ilícito y reclamaron la nulidad de la causa, un planteo que fue rechazado por el magistrado en paralelo a los procesamientos.
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