La Casa Rosada descartó la derogación de las leyes, que fue rechazada pro la oposición en el debate del Presupuesto 2026. Buscan una negociación más flexible y estudian cambios en los artículos.
Qué alternativas piensa el Gobierno para discapacidad y universidades
El Gobierno nacional decidió modificar su estrategia en el debate por el Presupuesto 2026 y avanzar con alternativas de financiamiento para universidades y discapacidad, sin insistir con las derogaciones que fueron rechazadas.
Según explicaron desde la Casa Rosada, la nueva propuesta apunta a cumplir con las demandas planteadas por distintos sectores sin desarmar el equilibrio fiscal. "Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo, y sostiene el equilibrio fiscal", sintetizó un importante funcionario al sitio Infobae.
Aunque en un primer momento el oficialismo había evaluado volver a insistir con las derogaciones, finalmente se impuso una postura más flexible. Los equipos técnicos presentarán una contrapropuesta sobre la base de las leyes que ya obtuvieron dictamen en la Cámara alta.
Cambios en discapacidad y pensiones
En el caso de la emergencia en discapacidad, el Gobierno respetará la ley vigente, pero propondrá modificaciones en la pensión no contributiva. El plan oficial es que el beneficio tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones según el esquema legal de jubilaciones.
Las pensiones por discapacidad tendrían modificaciones en montos y auditorías.
Además, la pensión será compatible con un empleo formal siempre que los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, que desde el 1° de diciembre se ubican en $334.800.
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Otro punto clave es la continuidad de la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se calculará tomando como referencia los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, junto con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El Ejecutivo finalmente descartó insistir con las derogaciones en universidades y discapacidad.
"Se establece que la autoridad de aplicación determinará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador alcanzado", detallaron fuentes oficiales. El ajuste será definido de manera trimestral por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), o bien en función del IPC si no hubiera acuerdo.
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El Ejecutivo también buscará acelerar las auditorías sobre las pensiones, con el objetivo de detectar irregularidades y avanzar con posibles bajas.
A su vez, propondrá eliminar la creación de una nueva Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, manteniendo únicamente la pensión por invalidez laboral. "De este modo se eliminan los nuevos requisitos que ampliaban de forma desproporcional la gama de posibles beneficiarios de esta nueva pensión", explicó una fuente involucrada en la negociación.
Universidades: gastos y salarios
En cuanto a la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, el Gobierno no avanzará con su derogación. En cambio, propondría un aumento del 20% en el presupuesto para gastos de funcionamiento, tomando como base los créditos asignados en 2025.
Respecto a los salarios docentes y no docentes, la actualización no será automática por inflación. La propuesta oficial contempla un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025, seguido por cuatro aumentos del 2% en enero, febrero, marzo y abril de 2026.
También se plantea que sea junio el momento en el que el Poder Ejecutivo evalúe si corresponde compensar las diferencias generadas por la inflación, además de avanzar con el reconocimiento del aumento de becas.
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