El Ministerio de Seguridad Nacional detectó varios casos donde se usaba a las visitas para dar ordenes y coordinar delitos.
Los presos de alto riesgo no podrán tener contacto físico con las visitas
El Ministerio de Seguridad anunció hoy, a través de la Resolución 153/2025 publicada en el Boletín Oficial, una serie de medidas destinadas a endurecer los controles sobre los presos alojados en pabellones de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal. El objetivo principal de estas acciones es neutralizar las mafias intra carcelarias que, según las autoridades, han estado utilizando las visitas de familiares y abogados para transmitir órdenes y coordinar actividades ilícitas fuera del penal.
A partir de este martes, los internos clasificados como de alto riesgo podrán recibir visitas únicamente de hasta dos familiares directos mayores de 16 años y de sus hijos, en sesiones de 60 minutos cada 15 días. Las visitas se realizarán exclusivamente en locutorios, eliminando cualquier contacto físico que pueda facilitar la transmisión de mensajes o la entrega de objetos ilícitos.
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"Se han registrado, en el último año, 11 casos en los que familiares y abogados fueron arrestados por pasar información para coordinar crímenes, lo que ha evidenciado la necesidad de reforzar nuestros controles", explicó un funcionario de la Secretaría de Seguridad a Infobae. El decreto también establece que si un interno intenta volver a solicitar la autorización de un visitante cuya entrada fue revocada, deberá esperar seis meses antes de volver a hacerlo. Además, no se permitirá el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o estén siendo investigadas por delitos.
Incidentes y Contexto
La medida surge en respuesta a distintas situaciones ocurridas en el sistema penitenciario. Un caso particularmente impactante fue el de un preso de alto riesgo que entregó a su madre una hoja con órdenes para seguir cometiendo delitos.
Desde que, a fines de 2023, el Servicio Penitenciario Federal fue transferido a la órbita del Ministerio de Seguridad mediante la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, se han implementado medidas para impedir la entrada de droga, objetos punzantes y celulares, así como para regular el régimen de visitas, comunicaciones telefónicas y correspondencia. Sin embargo, las recientes prácticas de algunos internos para evadir estos controles han impulsado una revisión y endurecimiento urgente de los protocolos.
El Gobierno argumenta que estas restricciones son necesarias para cumplir con los compromisos internacionales en la lucha contra el crimen organizado. "Es imprescindible que el Estado actúe de manera decidida para evitar que las mafias intra carcelarias usen las visitas como canales para la extorsión, amenazas, incendios provocados y secuestros extorsivos", señaló un portavoz de la Secretaría de Seguridad.
En caso de detectar cualquier infracción, los agentes penitenciarios estarán facultados para imponer sanciones que incluyen la intervención de las comunicaciones telefónicas, la suspensión de visitas o la prohibición total de establecer contacto con el exterior. Asimismo, el Servicio Penitenciario Federal deberá denunciar de inmediato cualquier actividad delictiva que se descubra en el marco del "Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo".
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