El Gobierno nacional planea una reforma en Seguridad que le dará más poder de vigilancia al Ministerio.
Avanza la creación de la Policía Migratoria
El Gobierno nacional impulsa una reforma profunda en su sistema de seguridad que apunta a un cambio estructural en la organización del Ministerio de Seguridad. La iniciativa es encabezada por la ministra Patricia Bullrich y contempla ampliar considerablemente las facultades de esa cartera, incluyendo la creación de una Policía Migratoria. El proyecto se presenta como parte de una estrategia para reforzar el control fronterizo y fortalecer la vigilancia interna del país.
La nueva Policía Migratoria estaría integrada por agentes civiles con formación específica y facultades policiales. Su tarea sería supervisar tanto el ingreso y egreso legal del país como los movimientos irregulares en las fronteras. Con este cambio, el control migratorio pasaría a depender plenamente del Ministerio de Seguridad, lo que implicaría un reordenamiento de competencias y dejaría a la Dirección Nacional de Migraciones bajo una nueva conducción operativa y administrativa.
El plan no se limita al control migratorio. También apunta a transformar al Ministerio de Seguridad en un organismo con características similares a las estructuras de seguridad de países que concentran en una misma área la coordinación contra el terrorismo, el narcotráfico, los ciberataques y otras amenazas complejas. En esta línea, se proyecta la capacidad estatal de vigilar y detectar riesgos a través de plataformas digitales, redes sociales y sistemas de inteligencia preventiva.
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Además de estos cambios, el Gobierno avanza con una profunda reforma en la Policía Federal Argentina. La fuerza dejaría de cumplir tareas de patrullaje local para convertirse en un cuerpo especializado en la investigación de delitos federales, como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El objetivo es que su estructura evolucione hacia una organización más técnica, con equipos dedicados exclusivamente a la persecución de delitos complejos, coordinados con agencias de investigación y áreas de inteligencia criminal.
El fundamento oficial de esta reforma se basa en la necesidad de modernizar las fuerzas de seguridad frente a nuevas formas de delito y amenazas globales. Desde el Gobierno sostienen que el país requiere instituciones con mayor profesionalización, capacidad tecnológica y ámbitos de coordinación más centralizados. La transformación, sin embargo, podría generar tensiones internas en organismos que verían reducidas sus funciones tradicionales. Pese a ello, en la administración nacional consideran que la reorganización permitirá optimizar recursos, mejorar la respuesta frente al crimen y fortalecer la soberanía en las fronteras.
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