Detectaron prestadores que cobraron casi 300 cirugías en cinco horas y médicos que habrían trabajado casi 100 horas diarias.
Una auditoría de PAMI reveló fraudes multimillonarios
Las auditorías internas que el PAMI puso en marcha en áreas críticas como cardiología y gastroenterología revelaron un patrón de irregularidades que encendió alertas en todo el sistema de salud de los jubilados. Los informes, elaborados por equipos técnicos del organismo, detectaron volúmenes de prestaciones médicas que no solo carecen de justificación clínica, sino que resultan materialmente incompatibles con cualquier capacidad operativa razonable.
Uno de los episodios más extremos surgió en el área de gastroenterología. Un prestador que declaró contar con apenas dos quirófanos informó haber realizado 283 prácticas sobre 95 pacientes en una franja de cinco horas. Para los auditores, las cifras exceden de manera evidente los límites físicos, técnicos y humanos del establecimiento, y constituyen un indicio claro de facturación irregular.
Estos hallazgos no son hechos aislados. Se suman a una serie de denuncias que la actual conducción del PAMI, encabezada por Esteban Leguízamo, viene impulsando desde el año pasado por presuntos delitos de fraude, sobrefacturación y uso de documentación médica falsa. Las investigaciones derivaron en un endurecimiento de los controles, la apertura de sumarios administrativos, sanciones a prestadores y la presentación de denuncias penales por maniobras que habrían generado un perjuicio económico millonario.
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En el área de cardiología, las auditorías detectaron patrones reiterados que refuerzan las sospechas. En algunos casos, profesionales contratados como personas físicas transmitieron órdenes médicas electrónicas en volúmenes incompatibles con una jornada laboral posible. Uno de los registros más llamativos consignó la emisión de 689 órdenes en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos. Traducido en tiempo de atención, esos números implicarían entre 80 y más de 100 horas de trabajo diario.
También se detectaron turnos superpuestos asignados al mismo profesional, en el mismo horario, para consultas o prácticas diferentes, una vulneración básica de los criterios de trazabilidad que el sistema exige para garantizar controles mínimos.
Recetas falsas y prestaciones inexistentes
Las irregularidades observadas forman parte de un esquema más amplio de fraude estructural. Según los informes internos del organismo, las auditorías permitieron identificar órdenes médicas electrónicas emitidas sin atención real, recetas confeccionadas a nombre de jubilados que nunca solicitaron medicamentos y facturación de prácticas que jamás se realizaron.
En muchos casos, los afiliados figuraban en los registros como pacientes atendidos, tratados o medicados, pese a no haber tenido contacto alguno con el sistema. Las investigaciones también detectaron el uso indebido de datos personales y la manipulación del sistema mediante credenciales compartidas, que permitían emitir múltiples órdenes desde un mismo usuario.
Las denuncias ya fueron presentadas ante la Justicia federal bajo la figura de defraudación contra la administración pública. Si bien el monto total del perjuicio aún se encuentra en proceso de determinación judicial, fuentes del organismo aseguran que se trata de cifras multimillonarias.
Frente a este escenario, el PAMI avanzó con un nuevo esquema de fiscalización que apunta a cerrar los canales históricos de fraude sin afectar el acceso a las prestaciones. Entre las medidas adoptadas figuran el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, la obligatoriedad del turnero digital, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y el cruce sistemático de datos para detectar desvíos y repeticiones anómalas. En los casos de excedentes injustificados, se aplican penalizaciones automáticas.
En paralelo, el organismo profundizó cambios en áreas sensibles de compras y provisión de insumos. A mediados de 2025, por ejemplo, se eliminó la modalidad de retiro de pañales por farmacia y se pasó a un sistema de licitación pública centralizada. Según el PAMI, la medida permitió desarticular un esquema cartelizado que beneficiaba a un grupo reducido de proveedores y generar un ahorro anual estimado en $5.000 millones.
La centralización de las compras de efectores propios es otra de las reformas implementadas. "Hoy todas las licitaciones se realizan desde PAMI Central. Antes se compraba por efector, con menos control y a mayor costo", explicaron desde la conducción del organismo, que define el proceso como una forma de "romper los kioscos" heredados de gestiones anteriores.
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