Un supremo mendocino, contra el "tratamiento express" de la reforma penal

Un juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Omar Palermo, se sumó a un fuerte pronunciamiento contra el tratamiento express de la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno nacional durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Palermo firmó el documento como expresidente de la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal (AAPDP), una entidad que reúne a especialistas de todo el país y que expresó su rechazo al avance rápido del proyecto sin un debate amplio. 

En el texto, la AAPDP sostuvo que la reforma penal no puede resolverse "a libro cerrado" y reclamó una discusión informada, participativa y abierta a la sociedad civil. Según advirtieron, el modo en que se está impulsando el proyecto pone en riesgo la legitimidad de una modificación de fondo del sistema penal argentino.

Uno de los párrafos centrales del comunicado alerta que las declaraciones oficiales "avalan una codificación ideologizada y desprovista del diálogo y de los aportes técnicos indispensables para otorgar legitimidad" a la reforma.

El reclamo de los penalistas

La asociación pidió de manera explícita que el Congreso postergue el tratamiento del proyecto hasta las sesiones ordinarias, con el objetivo de garantizar instancias reales de debate. Además, solicitó que se convoque a universidades, institutos especializados, colegios de abogados, asociaciones de magistrados y organizaciones de la sociedad civil.

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Como antecedentes, la AAPDP recordó los procesos participativos de las reformas impulsadas en 2006-2007 y 2012-2014, y mencionó también el digesto jurídico argentino (ley 26.939), elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El documento también reivindica la "tradición codificadora argentina", basada en el respeto a las garantías constitucionales, y menciona a referentes históricos del derecho penal como Carlos Tejedor, Rodolfo Rivarola, Julio Herrera, Sebastián Soler y Ricardo Núñez, entre otros.

Qué propone la reforma del Código Penal

El proyecto presentado por el Gobierno propone endurecer las penas para delitos graves y modificar reglas clave del sistema penal. Según se informó oficialmente, el 82% de los delitos considerados graves tendrían prisión efectiva.

Entre los cambios más relevantes figura el aumento de las penas por homicidio: el homicidio simple pasaría de un máximo de 25 a 30 años de prisión, y se sumarían nuevas circunstancias agravantes para los casos que hoy tienen prisión perpetua, como magnicidios, asesinatos de autoridades educativas en funciones y víctimas menores de 16 años o adultos mayores.

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La iniciativa también introduce cambios en la legítima defensa, con una presunción favorable para quien se defienda, y establece que delitos graves y gravísimos -como homicidios agravados, abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico- sean imprescriptibles. Además, prevé que los funcionarios condenados por corrupción pierdan las jubilaciones de privilegio.

El comunicado de la AAPDP está firmado por más de un centenar de profesores, investigadores y referentes del derecho penal, de universidades y organismos de todo el país. Además de Palermo, entre los nombres destacados figura el del exjuez de la Corte nacional, Eugenio Raúl Zaffaroni.