Se trató de la última jornada de participación ciudadana en el plenario de Diputados. Allí, expuso Wanda Albornoz Olivera, quien a los gritos tuvo que pedir silencio, haciendo explotar los parlantes de la sala
"¡Silencio!": el grito que desconcertó en la audiencia por la Ley de Glaciares
Diputados cerró la última jornada de audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares con tensión y rechazo de los expositores, en una instancia marcada por la controversia.
La jornada, realizada de manera virtual tras una primera audiencia de 12 horas, confirmó la tendencia registrada en la apertura: de los 80 disertantes previstos, 76 se pronunciaron en contra del texto tal como fue presentado.
José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes del plenario por la reforma a la ley de Glaciares, dieron por finalizada la jornada pero quedaban disertantes. En ese momento consultaron si estaban todos en la sala y se prosiguió con el plenario, pero en medio de un desorden total. Luego, tomó la palabra Wanda Albornoz Olivera, quien a los gritos tuvo que pedir silencio, haciendo explotar los parlantes de la sala. "Silencio, callensé la boca, todos, si, todos, me van a dejar a hablar. Soy Wanda Albornoz Olivera. Gracias. Yo vengo como periodista y ciudadana", exclamó.
"Relax"
— Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) March 26, 2026
Porque es el ambiente que se vivió en el tratamiento de la ley de glaciares.
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Entre los oradores favorables se contaron directivos vinculados a la actividad minera y defensores de la flexibilización normativa. Sin embargo, la voz crítica fue abrumadora entre expertos, organizaciones ambientales y actores locales.
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Las críticas se concentraron en dos ejes. Por un lado, especialistas en glaciología y representantes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales advirtieron que la reforma no asegura un presupuesto mínimo para sostener el Inventario Nacional de Glaciares, lo que dejaría en riesgo la continuidad del registro y la protección de procesos hidrológicos que trascienden jurisdicciones.
Por otro lado, hubo cuestionamientos al procedimiento: la participación ciudadana se desarrolló después de que la normativa ya había sido redactada y obtenida media sanción en el Senado, lo que para algunos podría implicar incumplimiento de estándares internacionales y vicios formales en el trámite.
En defensa del proyecto, representantes del sector minero y cámaras empresarias sostuvieron que la minería puede compatibilizarse con la protección ambiental y rechazaron comparaciones que atribuyen a la actividad un consumo hídrico desproporcionado. También se planteó la existencia de minería ilegal como un riesgo mayor que la actividad regulada. No obstante, esas posturas fueron minoritarias frente al conjunto de las exposiciones.
Políticamente, la semana que viene podría ser decisiva: desde el oficialismo se planteó convocar a sesión para convertir la reforma en ley y, paralelamente, la coalición opositora proyecta impulsar una consulta popular vinculante. Además, legisladores anticiparon que el Gobierno buscaría garantizar la participación de gobernadores de provincias con proyectos mineros en marcha, una estrategia ya observada durante el paso de la norma por el Senado. Diputados de la oposición solicitaron, en ese marco, que la convocatoria se amplíe expresamente a las autoridades provinciales cuyas cuencas hídricas podrían verse afectadas.
El proyecto
El proyecto modifica la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciales, y propone dar mayor facultad a autoridades locales para definir qué formaciones integran el Inventario Nacional de Glaciares, incluyendo la posibilidad de remover o incorporar geoformas mediante instancias de participación ciudadana. Sus impulsores argumentan que los cambios permitirían atraer inversiones por miles de millones de dólares; sus críticos advierten que la iniciativa reduce garantías ambientales y delega decisiones clave a niveles con incentivos proinversión.
La culminación de las audiencias no cerró la discusión: el fuerte rechazo ciudadano expresado en las intervenciones, las objeciones técnicas y las polémicas por la forma del debate proyectan una etapa legislativa intensa. En las próximas semanas se espera la definición sobre si el proyecto avanzará en el recinto, si habrá mecanismos de consulta más amplios o si se darán modificaciones al texto original para intentar conciliaciones entre las demandas ambientales y las pretensiones inversionistas.
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