La cartera tuvo varias modificaciones destinadas a la prevención y control de irregularidades.
Cambios en el Ministerio del Interior con foco en la transparencia
El Gobierno avanzó este jueves con una reconfiguración profunda del Ministerio del Interior al publicar el Decreto 85/2026 en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por el ministro Diego Santilli, redefine la arquitectura interna de una cartera clave para el vínculo con las provincias y la gestión de áreas sensibles del Estado.
El corazón del decreto está puesto en la revisión integral del organigrama. La nueva estructura reorganiza secretarías, subsecretarías y unidades de asesoramiento con el objetivo de ordenar funciones, clarificar responsabilidades y adaptar el funcionamiento del ministerio a los lineamientos de la actual administración. Entre las novedades, se formalizan dependencias que hasta ahora no existían o tenían un encuadre distinto, como la Subsecretaría de Enlace Legislativo, la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, todas bajo la órbita de la Secretaría de Interior.
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La actualización llega luego de la aprobación de la estructura organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que anteriormente funcionaba dentro del Ministerio de Justicia. Con este cambio, Interior vuelve a concentrar competencias que el Gobierno considera estratégicas para la coordinación política y territorial.
El decreto también fija objetivos concretos para cada área. En el plano legal, la Subsecretaría Jurídica tendrá ahora la responsabilidad explícita de garantizar el cumplimiento de la Ley N.° 27.275 de acceso a la información pública. En paralelo, la Subsecretaría de Gestión Administrativa deberá reforzar las políticas de transparencia y cooperación con la Oficina Anticorrupción, con foco en la prevención y control de irregularidades dentro de la administración nacional.
Otra decisión relevante es la actualización del nomenclador de funciones ejecutivas del ministerio. Esto implica la eliminación, homologación y reubicación de determinados cargos.
Para evitar interrupciones en la gestión, el texto establece que, hasta completar la transición organizativa, las áreas de menor rango continuarán operando con sus equipos actuales, manteniendo niveles, grados y suplementos vigentes. El Ejecutivo subrayó además que la reestructuración no implicará un aumento de áreas ni de cargos en la administración pública nacional, ni demandará partidas presupuestarias adicionales, según los dictámenes de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto.
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