Quiénes y cómo controlarán a San Jorge

La discusión sobre el proyecto minero San Jorge, que este miércoles tendrá un capítulo clave en la Cámara de Diputados cuando se vote la declaración de impacto ambiental (DIA), volvió a poner en el centro de la escena una pregunta clave: quiénes y cómo controlarán la explotación si finalmente pasa el filtro de la Legislatura. Al respecto, en diálogo con el Post, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, aseguró que el esquema de fiscalización será múltiple, con fuerte presencia del Estado, participación ciudadana directa y monitoreos en tiempo real.

"Es lógico que la gente pregunte '¿y eso quién lo va a controlar?'", admitió Latorre. "Yo misma lo veo como un déficit de gestión: no hemos sabido mostrar con claridad la cantidad de fiscalizadores que tiene el Estado en el sector ambiental en general".

La funcionaria de Alfredo Cornejo remarcó que, lejos de un "cheque en blanco", San Jorge estará bajo la lupa de varios organismos con competencias concurrentes: el Departamento General de Irrigación, la Policía Ambiental Minera, la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental, la Dirección de Biodiversidad y, además, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), donde puede participar la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.

"San Jorge va a estar controlado por la comunidad científica, la ciudadanía interesada y los organismos del Estado, todo en conjunto", arrancó la ministra.

Monitoreos en tiempo real

Latorre explicó que la declaración de impacto ambiental y sus anexos establecen, paso a paso, los controles previstos para cada etapa del proyecto: desde la apertura de caminos hasta la línea de producción en marcha.

En el caso del agua, el esquema se apoya en pozos de monitoreo instalados en distintos puntos: debajo del depósito de residuos, y en áreas de incidencia directa e indirecta. "Todos esos pozos van a estar auditados por la UGA, por la Policía Ambiental Minera y por Irrigación, y en tiempo real", detalló.

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La clave, insiste, es que se arma "una red de monitoreos" con organismos que se controlan entre sí: "No es que si a uno se le pasa algo, nadie se entera. Hay facultades concurrentes y cruces de información".

En este punto, Latorre remarcó que el proyecto incorporará tecnología de monitoreo online. "Los pozos de monitoreo se equipan con sensores y esos sensores se conectan a un sistema con un algoritmo que trabaja sobre la línea de base de la calidad del agua. Cualquier anomalía que se registre en un pozo de monitoreo se reporta automáticamente a la autoridad de aplicación. Ellos (San Jorge o "PSJ Cobre Mendocino") tienen la obligación de abrir esos datos. Hay entrega de datos permanente: en cualquier momento se puede consultar esa información".

"Lo más importante, más allá de la presencia física (habrá un puesto de la Policía Ambiental Minera en la mina), son los monitoreos online. Esos monitoreos te dan la trazabilidad del dato y son inalterables", dijo la ministra, y agregó que también se colocarán medidores de la calidad del aire, aunque insistió en que "es una locura" señalar que por la minería se va a liberar arsénico, como afirman grupos ambientalistas.

Ante una desviación fuera de los parámetros normativos, la respuesta también está protocolizada: "Si el sistema registra un dato fuera de los parámetros normales, el software dispara una alerta y la actividad se paraliza hasta que se verifique qué pasó".

El debate por la "conectividad de cuencas": ¿puede haber un impacto en el río Mendoza?

El agua necesaria para el desarrollo del proyecto San Jorge -necesaria para el proceso de flotación, pero también para abastecer al campamento y regar caminos, entre otros usos- se proveerá desde una toma en el arroyo El Tigre, teniendo la minera la posibilidad de utilizar hasta 0,14 metros cúbicos por segundo. "Irrigación definió un caudal mínimo ecológico y la empresa solo podrá usar hasta ese límite. No es cierto que van a secar el arroyo. Si en un año muy seco el agua disponible no alcanza para sus necesidades, será problema de la empresa cómo abastece el proceso, pero no puede usar más que lo autorizado", dijo Latorre al respecto.

Si bien se trata de una cuenca endorreica, existe un reclamo en torno a la eventual conexión con la cuenca del río Mendoza, y una eventual contaminación de este cauce. Según dijo la ministra al Post, hoy "no hay datos que acrediten" esa conectividad, por lo que se exige a la empresa que inicie un estudio hidrológico completo de la cuenca, que puede llevar varios años y hasta no ser concluyente. "Mientras tanto, se aplican medidas más estrictas, como sistemas de drenaje monitoreados y geomembranas bajo el depósito de residuos, además de la impermeabilización", agregó.

"Es una locura pretender que no se haga nada durante 5, 6 u 8 años hasta que termine un estudio que incluso puede no ser concluyente. Lo que hacemos es exigir medidas preventivas más rigurosas desde el inicio", argumentó la exdiputada nacional y expresidenta del EPRE.

"En todo lo que refiere a acuíferos, la autoridad de aplicación es Irrigación". Sin embargo, aclara que ese organismo no actúa solo: "Tenemos facultades concurrentes con la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental, porque cualquier afectación al agua implica también una afectación al suelo, y viceversa. Por eso los controles siempre son concurrentes y coordinados".

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La UGA y la participación ciudadana

Uno de los puntos que la ministra destaca como diferenciales es el rol de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), obligatoria para los proyectos a partir de la modificación del Código de Procedimiento Minero.

"La UGA es clave. Pueden participar la universidad que hizo el informe técnico, el municipio, ONG y cualquier vecino interesado. Cualquier ONG que desconfíe del Estado puede ser parte tanto de la construcción de la línea de base, con monitoreos participativos, como de los controles posteriores", afirma.

En el caso de San Jorge, la UGA estará integrada, entre otros, por la Universidad Nacional de Cuyo, el municipio, los organismos sectoriales que intervinieron en la evaluación, ONG y ciudadanos de a pie.

La entrevista completa

-La discusión pública sobre San Jorge gira mucho alrededor de los controles. En concreto: ¿quiénes van a controlar el proyecto y cómo se va a hacer ese monitoreo?

-Es lógico que la gente pregunte "¿y eso quién lo va a controlar?". Yo misma lo veo como un déficit de gestión: no hemos sabido mostrar con claridad la cantidad de fiscalizadores que tiene el Estado en el sector ambiental en general. Parece que ante cualquier evento, como lo que pasó en el canal Pescara o algún derrame de hidrocarburos, nadie hubiera hecho nada antes, que no se monitorea ni se fiscaliza nada. Pero lo cierto es que hay muchos organismos con facultades concurrentes. En este caso particular, eso se refuerza con un organismo que tiene participación ciudadana directa, que es la Unidad de Gestión Ambiental (UGA). A eso hay que sumar la Policía Ambiental Minera, la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental, la Dirección de Biodiversidad y, sobre todo, el Departamento General de Irrigación, que es la autoridad de aplicación en todo lo vinculado a acuíferos y agua.

-¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué controles concretos están previstos?

-Cuando uno lee la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y sus instrucciones para las distintas etapas del proyecto, ahí está detallado qué se debe hacer. Por ejemplo, a pedido de Irrigación, la empresa tiene que instalar distintos tipos de pozos de monitoreo: debajo del depósito de residuos, pozos de monitoreo barrera (de incidencia indirecta) y pozos de incidencia directa. Todos esos pozos van a estar auditados por la UGA, por la Policía Ambiental Minera y por Irrigación. Y como son facultades concurrentes, Irrigación también participa dentro de la UGA. No es que si a uno "se le pasa algo", nadie se entera. Se arma una red de monitoreos, con cruces de información y responsabilidades compartidas.

-Usted mencionó monitoreos en tiempo real. ¿Qué tipo de tecnología se va a usar para controlar el agua?

-Hoy existe tecnología que ya se les exige a los titulares de proyectos. Los pozos de monitoreo se equipan con sensores y esos sensores se conectan a un sistema con un algoritmo que trabaja sobre la línea de base de la calidad del agua, es decir, los valores que se miden y se declaran en el momento cero. Cualquier anomalía que se registre en un pozo de monitoreo se reporta automáticamente a la autoridad de aplicación: Irrigación y la autoridad ambiental. Ellos tienen la obligación de abrir esos datos. Es decir, hay entrega de datos permanente: en cualquier momento se puede consultar esa información.

-¿Esos datos se verán desde algún centro de control físico?

-Sí. En el edificio nuevo de la Dirección de Minería hay un centro de monitoreo. Ahí confluyen las declaraciones de impacto ambiental y los proyectos mineros, tanto metalíferos como no metalíferos. Por ejemplo, Potasio Río Colorado también está comprendido ahí. También hay cámaras que funcionan online las 24 horas, y lo mismo los sistemas de datos. Desde ese centro se podrá ver, en tiempo real, lo que ocurra en San Jorge y, a la vez, acceder a los datos de los pozos de monitoreo.

-En el caso del agua subterránea, ¿quién es el responsable último?

-En todo lo que refiere a acuíferos, la autoridad de aplicación es Irrigación. Pero tenemos facultades concurrentes con la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental, porque cualquier afectación al agua implica también una afectación al suelo, y viceversa: una afectación al suelo, si hay infiltración, puede impactar en el agua. Por eso los controles siempre son concurrentes y coordinados.

-¿Qué pasa con la calidad del aire y los eventos meteorológicos extremos?

-El año pasado se subieron al Aconcagua estaciones meteorológicas que se instalaron a partir de un acuerdo entre IANIGLA, Irrigación y la Universidad Nacional de Cuyo. Eso venía respaldado también por un acuerdo con un departamento de Estado en Estados Unidos y decidimos aprovecharlo antes de que el programa se diera de baja. Es muy importante, porque hasta ahora dependíamos de radares y estaciones relativamente lejanas, como las de San Martín, y la información no siempre era precisa para la zona de alta montaña. Estos datos enriquecen mucho la información sobre tormentas y eventos extremos, que pueden afectar el desarrollo de una mina. En cuanto a calidad de aire, también está dentro de los parámetros a monitorear por la UGA y por los organismos de control. No es que la empresa hace sus mediciones, presenta una declaración jurada y el Estado "le cree" sin más. La ciudadanía puede participar de esos monitoreos.

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-La oposición al proyecto insiste con que "va a volar arsénico por el aire". ¿Qué responde?

-He escuchado eso, que "va a volar arsénico", y la verdad es que muchas de esas afirmaciones salen de documentos sin respaldo técnico serio. Hay incluso un paper de autoría individual que se cita como si fuese una verdad científica establecida. Si alguien me dijera "existe riesgo de drenaje ácido de rocas si no se manejan bien las escombreras ante eventos extraordinarios", esa es una discusión técnica válida. Pero decir que "va a volar arsénico" es otra cosa: es una afirmación sin sustento.

-¿Cómo funciona exactamente la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) en un proyecto como San Jorge?

-La UGA es clave. Todos los proyectos que se aprueban desde la modificación del Código de Procedimiento Minero deben tener su UGA. Por ejemplo, el Distrito Minero Malargüe I ya la tiene, con participación de un ciudadano de la sociedad civil que se ofreció a integrar el espacio, además de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, que fue la encargada del informe técnico, y todos los organismos sectoriales. En el caso de San Jorge es igual: en la DIA, prácticamente al inicio, se establece la conformación de la UGA. Ahí pueden participar ONGs y cualquier vecino interesado, además de los organismos del Estado y la universidad que elaboró el informe técnico. Es decir, cualquier ONG que desconfíe del Estado puede ser parte tanto de la construcción de la línea de base (monitoreos participativos) como de los controles posteriores.

-Más allá de la tecnología y los controles en tiempo real: ¿va a haber presencia física del Estado en la mina?

-Sí. En la DIA quedó establecido que la Policía Ambiental va a tener un puesto de control permanente in situ, desde la etapa de construcción de la mina, no solo cuando la operación esté en marcha. Va a haber una oficina o puesto de control en el propio emprendimiento. De todos modos, lo más importante no es solo la presencia física, sino los monitoreos en línea: esos son los que dan trazabilidad al dato, son inalterables y permiten ver minuto a minuto lo que está ocurriendo. Si el sistema registra un dato fuera de los parámetros normales, el software dispara una alerta y la actividad se paraliza hasta que se verifique qué pasó.

-¿Hay garantías de que no habrá impacto alguno sobre la cuenca del río Mendoza?

-Algunas personas se quedaron con una versión vieja del principio precautorio, como si significara "por las dudas, no se hace nada". El enfoque actual es distinto: significa trabajar sobre los procesos, los protocolos y los manuales de operación para evitar daños, teniendo la mayor cantidad de información y fiscalización posible. En el debate sobre la conectividad de cuencas, por ejemplo, algunos sostienen que "podría haber conectividad" y con eso justifican que no se haga nada. Nosotros decimos: hoy no hay datos que acrediten esa conectividad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un estudio hidrológico de toda la cuenca, que puede durar 5, 6 u 8 años y hasta puede no ser concluyente. Mientras tanto, no es razonable paralizar toda actividad durante una década "por las dudas". Lo que hacemos es exigir medidas preventivas más estrictas: sistemas de drenaje con monitoreo dinámico, impermeabilización bajo el depósito de residuos, y al mismo tiempo el comienzo del estudio de conectividad de cuenca, que nos va a dar un mejor conocimiento de nuestros acuíferos.

-¿Cómo es el circuito del agua dentro del proyecto? ¿Existe riesgo de que se "seque" el arroyo El Tigre?

-El proyecto tiene una toma de agua para el proceso, que funciona en un circuito cerrado sobre el arroyo El Tigre. No es cierto que "van a secar el arroyo". Irrigación definió el caudal mínimo ecológico, y la empresa solo puede usar hasta ese caudal, respetando siempre ese piso. Si en un año muy seco el agua disponible no alcanza para sus necesidades, será problema de la empresa cómo abastece el proceso: si lleva agua en camiones o hace otra cosa. Pero no puede usar más que lo autorizado.

-¿Qué pasa con los residuos del proceso y el famoso "dique de cola"?

-Tras el proceso de flotación, lo que se hace es neutralizar el ácido sulfúrico que está naturalmente en la roca (no porque se le agregue ácido) usando cal. Eso genera una pasta con aproximadamente un 70 % de sólidos que se dispone en un depósito de residuos. Si, por humedad ambiental o tormentas, esa pasta adquiere mayor contenido de agua y empieza a generar escurrimientos, debajo del depósito hay un sistema de drenaje con monitoreos, y debajo de eso una geomembrana, que impide cualquier posible infiltración. No se habla ya de "dique" de cola porque no es un embalse de lodos líquidos como en otros modelos antiguos, pero es el equivalente funcional. Un antecedente es Sierra Pintada: allí, hace décadas, se exigió geomembrana bajo el depósito de colas y ha funcionado; hasta ahora no se han registrado infiltraciones.

-Si tuviera que responder de manera sintética a la pregunta inicial, ¿quiénes van a controlar San Jorge y cómo?

-San Jorge va a estar controlado por la comunidad científica, la ciudadanía interesada y los organismos del Estado, todo en conjunto. Habrá presencia física en el territorio, con un puesto de la Policía Ambiental en la mina desde la etapa de construcción, y habrá monitoreos online permanentes de agua, aire y condiciones meteorológicas, con datos abiertos y trazables. Ese es el esquema de control que estamos proponiendo y que está previsto en la Declaración de Impacto Ambiental.

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