El Gobierno oficializará este viernes, en el primer Boletín Oficial del año, una profunda reforma a la Ley de Inteligencia Nacional. Los cambios buscan mayor integración, control y especialización, y clarifican los límites entre inteligencia, seguridad y tareas judiciales.
Milei reformará la Ley de Inteligencia por DNU: qué cambios se esperan
El Gobierno nacional avanzará este viernes con una reforma estructural del sistema de inteligencia argentino mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que será publicado en el primer Boletín Oficial de 2026.
La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, introduce modificaciones clave a la Ley de Inteligencia Nacional con el objetivo de mejorar la eficiencia, el control, la legitimidad y la articulación entre los distintos organismos del Estado.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron a distintos medios porteños que la reforma apunta a eliminar duplicaciones y superposiciones normativas, reforzar los controles legales, presupuestarios y técnicos, y clarificar el rol del sistema de inteligencia.
En ese sentido, remarcaron que los servicios no cumplen funciones policiales ni judiciales, sino que producen inteligencia estratégica destinada a la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
Los ejes centrales de la reforma
Uno de los principales cambios será la creación de la denominada Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional permanente que estará bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Este espacio permitirá compartir información entre los distintos organismos especializados y sumar aportes de áreas consideradas estratégicas, como la economía, la salud, la tecnología, el clima y la comunicación.
En paralelo, el DNU establecerá la Comunidad Informativa, una red de organismos estatales que aportarán datos relevantes a la SIDE, aun cuando no se trate de inteligencia en sentido estricto. El objetivo es ampliar la base de información disponible y fortalecer el análisis estratégico nacional.
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Otra de las novedades centrales será la separación explícita entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La ciberseguridad -orientada a la protección de redes, sistemas y activos digitales- quedará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete.
La ciberinteligencia, en cambio, se enfocará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio para la toma de decisiones. Desde Casa Rosada destacaron que esta distinción mejora la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento.
Contrainteligencia y Defensa
La reforma también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a estar orientada exclusivamente a tareas de contrainteligencia. Con esta medida, el Gobierno busca evitar superposiciones con la Policía Federal y dejar la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad.
En ese marco, el DNU incorporará por primera vez una definición legal clara de la contrainteligencia, adaptada a las nuevas amenazas tecnológicas, políticas y cognitivas. A partir de ahora, estas tareas estarán enfocadas de manera preventiva en la detección y análisis de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera.
Otro punto relevante será la habilitación formal para que el sistema de inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, con el objetivo de optimizar recursos y capacidades operativas.
Además, se avanzará en el ordenamiento de la inteligencia militar. Para eliminar lo que el Ejecutivo definió como una "superposición histórica", se disolverá la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), y la producción de inteligencia estratégica militar quedará a cargo del Estado Mayor Conjunto. Según el Gobierno, esta decisión fortalecerá la inteligencia militar conjunta y mejorará su articulación con el sistema nacional.
Por otro lado, en materia de control interno, la actual División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, controles de calidad y supervisión presupuestaria.
Por último, la reforma establecerá que los titulares de los órganos desconcentrados del sistema serán designados directamente por el Secretario de Inteligencia, con el objetivo de reforzar la conducción jerárquica y el control interno.
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