La medida tendrá vigencia por 180 días y el doctor Alejandro Alberto Vilches fue designado como interventor.
Tras el escándalo, Milei intervino la Agencia Nacional de Discapacidad
A través del Decreto 601/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei ordenó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud. La medida tendrá una duración inicial de 180 días corridos y podrá ser prorrogada por el mismo período.
El decreto, firmado también por ministro de Salud, Mario Iván Lugones, designó como interventor al doctor Alejandro Alberto Vilches, quien asumirá con todas las facultades de gobierno y administración que la normativa otorga al Director Ejecutivo de la Agencia.
Además, se dejó sin efecto la designación de Romina Gisele Núñez, quien hasta ahora se desempeñaba como Subdirectora Ejecutiva.
Según se detalla en los considerandos de la norma, la decisión busca "transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan".
El Gobierno plantea que durante la intervención se revisará el funcionamiento de la ANDIS, con especial foco en el sistema de compras y contrataciones.
En caso de detectarse irregularidades, Vilches deberá informar su gravedad económica y el impacto sobre la gestión, aportando la documentación necesaria.
Cabe recordar que la Agencia Nacional de Discapacidad fue creada con el objetivo de coordinar políticas públicas y el otorgamiento de pensiones por invalidez en todo el país.
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En la última semana, su conducción estuvo en el centro de la polémica luego de que su titular, Diego Orlando Spagnuolo, acusara a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, del cobro de coimas.
En ese contexto, el gobierno desplazó a Spagnuolo a fin de facilitar investigaciones judiciales por los "hechos de público conocimiento".
De acuerdo al decreto, al finalizar el plazo de la intervención, el interventor deberá presentar un informe detallando el estado general del organismo y recomendaciones sobre los pasos a seguir. El Gobierno adelantó que busca una reorganización funcional "ajustada a principios de transparencia, igualdad y eficiencia" para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
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