Milei impulsa dos medidas clave para blindar el déficit cero en plena tensión electoral

 En medio de un escenario político y económico marcado por la campaña, Javier Milei busca reforzar el compromiso de su gestión con el déficit cero. La semana pasada, el presidente utilizó una cadena nacional para anunciar dos medidas que se pondrán en marcha en los próximos días: prohibir que el Tesoro recurra a la emisión para cubrir gastos primarios y enviar al Congreso un proyecto de ley que penalice los presupuestos nacionales que generen desequilibrio fiscal.

El primer punto se formalizará a través de una instrucción al Ministerio de Economía, que impedirá solicitar asistencia financiera al Banco Central. Aunque esta práctica ya se venía aplicando, el Gobierno busca darle carácter oficial para enviar una señal de certidumbre a los mercados.

La segunda iniciativa llegará a Diputados como cámara de origen. El texto propondrá una "regla fiscal estricta" que obligue a que todo aumento del gasto o baja de ingresos esté compensado por un ajuste equivalente, además de sanciones para legisladores y funcionarios que no cumplan. Desde el oficialismo admiten que este punto tendrá fuerte resistencia, ya que podría chocar con las protecciones parlamentarias previstas en la Constitución.

Ver: Milei quiere penalizar a quienes aprueben proyectos que generen déficit

El contexto legislativo no es favorable para La Libertad Avanza. En la última semana, sufrió 12 derrotas en votaciones en la Cámara baja. En el corto plazo, casi todos los bloques -salvo el propio oficialismo y un sector del PRO- respaldan proyectos impulsados por gobernadores que ya tienen media sanción en el Senado y que implican un impacto fiscal que el Gobierno busca evitar. La intención es tratarlos antes de septiembre, cuando se realicen las elecciones bonaerenses, un momento clave para el clima político y la reacción de los mercados.

En paralelo, informes como el de GMA Capital resaltan que el Fondo Monetario Internacional mantiene su respaldo a la política económica de Milei y del ministro Luis Caputo, aunque sigue de cerca la acumulación de reservas. La consultora advierte que, si el Congreso revierte los vetos presidenciales en materia de Discapacidad y Jubilaciones, el costo fiscal sería de 0,7% del PBI en 2025 y 1,2% en 2026. Las propuestas de los gobernadores sumarían otros 0,2% este año y 0,4% el próximo.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre enero y julio la Administración Pública Nacional acumuló un superávit primario de $9,7 billones y uno financiero de $2,8 billones. Solo en julio, los resultados fueron de $3,0 billones y $2,2 billones respectivamente.

En la Casa Rosada reconocen que se avecinan "dos meses de alta volatilidad" por el calendario electoral, pero aseguran que el ancla fiscal seguirá firme frente a las presiones políticas y económicas.