Por qué la Justicia de los Estados Unidos acusó de narcotráfico y fraude a Fred Machado. Todo comenzó en Onalaska, un pueblito de Texas donde había un avión cada tres habitantes.
Mil aviones en un pueblo sin aeropuerto: así cayó Fred Machado
¿Cómo puede ser que un pueblo de 3.000 habitantes y sin aeropuerto tenga registrados más de mil aviones? Esa pregunta fue la piedra fundacional de una investigación periodística que terminó desmantelando una red de tráfico de drogas y fraude financiero, que incluye al recientemente célebre Federico "Fred" Machado, vinculado al ahora excandidato a diputado nacional José Luis Espert.
En 2019, Onalaska, un rincón olvidado al este de Texas junto al lago Livingston, llamó la atención de un equipo periodístico de la cadena WFAA, con sede en Dallas. Según los registros de la FAA (Federal Aviation Administration), allí se habían registrado 1.042 aviones, la mayoría jets ejecutivos; en otras palabras, en este pueblo rural había un avión cada tres habitantes, aunque no existiera ni un pequeño aeroclub ni hangares.
Lo que sí había en Onalaska eran dos apartados de correo de una empresa dedicada a gestionar el registro y fideicomisos de aviones, Aircraft Guaranty Corporation (AGC), que gracias a los vericuetos legales de la FAA permitía a terceros inscribir aeronaves con matrícula estadounidense, sin revelar públicamente quiénes eran los verdaderos dueños.
El resultado fue una laguna legal que convirtió a Onalaska en un paraíso para el anonimato aéreo y que además garantizaba legitimidad en aeropuertos y ante autoridades: una aeronave al tener una matrícula "N" de los Estados Unidos parece automáticamente legal, segura y controlada por la FAA, por lo que no levantaría sospechas.
Sin embargo, la matrícula norteamericana no fue suficiente para evitar que aviones registrados en Onalaska fueran incautados con cargamentos de droga -toneladas de cocaína-, algunos incendiados o derribados y otros estrellados en circunstancias sospechosas. Uno de ellos se estrelló en Caracas, con siete personas a bordo y drogas, y estaba registrado bajo el sistema de AGC.
Como primera conclusión, lo que reveló la investigación periodística -y luego confirmó el fiscal federal de Texas, Ernesto González- fue un patrón inquietante: una sucesión de aviones registrados por Aircraft Guaranty Corporation que terminaban "cayendo" con cargamentos de droga en distintos países, incluso algunos aparecían abandonados en medio de la selva, sin que nadie los reclamara. Entonces, el esquema sugería algo más que coincidencias: la sospecha de que esos registros se hacían a sabiendas de quiénes eran los verdaderos dueños y a qué se dedicaban: al narcotráfico.
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Un caso emblemático lo demuestra: el narco mexicano Heriberto Calderón Gastelum, que inscribió una aeronave mediante un fideicomiso en AGC y, apenas días después, el jet fue interceptado con toneladas de cocaína. Bastaba una simple búsqueda en Google para advertir quién era el cliente. Sin embargo, en Onalaska -aquel diminuto pueblo texano con más de mil jets "en papel"- nadie parecía querer mirar demasiado.
Asimismo, más allá del "gris" que permite registrar aviones en Estados Unidos a través de trust, la ley establece que las empresas fiduciarias deben saber quiénes operan sus aeronaves, la ubicación de las mismas y cómo se utilizan. Para la Justicia, eso no ocurrió con Aircraft Guaranty Corporation.
¿Adónde entra Fred Machado?
Machado no era dueño de AGC, pero según la acusación usó los servicios de registro y custodia de títulos para operar su propia red de compraventa y financiamiento de aeronaves. Dicho de otra forma, Aircraft Guaranty Corporation le daba la estructura legal y la "fachada", y Machado la utilizaba para mover y financiar aviones luego destinados a operaciones ilícitas.
En 2020, la Justicia acusó a la dueña de AGC, Debra Mercer-Erwin; su hija, Kayleigh Moffett; y otras seis personas, entre las que estaba Federico Machado. Cuatro años después, Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión por lavado de dinero, fraude y conspiración para producir y distribuir cocaína, mientras que su hija se declaró culpable y acordó una condena de ejecución condicional.
Mientras tanto, sobre Machado ya existía un pedido de extradición que recién se resolvería este martes tras el escándalo mediático generado por la vinculación con José Luis Espert. Tras el fallo de la Corte y el aval del Gobierno, se espera que el empresario regrese a los Estados Unidos en cuestión de semanas para ser juzgado por tráfico de drogas y fraude.
Otro dato fundamental es que la Justicia no sólo ratificó las hipótesis de la investigación periodística, sino que también descubrió un sistema de estafa Ponzi encabezado por Mercer-Erwin y Machado: les pedían dinero a inversores para comprar aviones en leasing con la promesa de que en breve compartirían ganancias, pero en realidad usaron ese dinero para enriquecerse.
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La propia mujer, que sería condenada por la estafa, entre otros delitos, relató durante el juicio que Machado pedía más dinero para pagarles a los primeros inversores y admitió que era un esquema Ponzi disfrazado de leasing aéreo, mientras que el empresario rionegrino contó en una entrevista con la cadena televisiva de Dallas que parte de ese dinero fue a parar a la "famosa" mina que tiene en Guatemala, proyecto por el que le habría hecho aquella transferencia de 200.000 dólares a Espert.
Machado no sería el primer sospechado por una estafa Ponzi en justificarse a través de una mina: Leonardo Cositorto, a sus estafados, les decía que parte del dinero se invertía en una mina de oro que presuntamente tenía en la provincia de Jujuy.
Federico Andrés "Fred" Machado habría aprovechado las grietas del sistema norteamericano para convertir la legalidad en negocio y el anonimato en cobertura. El empresario patagónico tejió operaciones financieras y aeronáuticas que usaban la estructura de Aircraft Guaranty Corporation como escudo, mientras movía millones y aviones, según la Fiscalía, ligados al narcotráfico.
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