El municipio volvió a acusar al organismo provincial de ser el responsable de la caída del árbol que provocó la muerte de una mujer de 37 años el pasado viernes.
Maipú respondió a Vialidad por la tragedia de la mujer aplastada por un árbol
En medio de la polémica por el árbol caído que le quitó la vida a una mujer el pasado viernes, el municipio de Maipú y Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se siguen pasando la pelota.
Maipú volvió a responder e insistió en que es responsabilidad de la DPV que el árbol haya provocado esa tragedia. Además, trató al organismo provincial de tapar esta situación con mentiras, falacias y desconocimiento.
En un comunicado recordó que en 2022 solicitó a la DPV la erradicación de 40 árboles y, ante la falta de respuesta, reiteró el pedido en 2025, aunque la tarea nunca fue ejecutada por el organismo.
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Además, aseguraron que según el censo de arbolado público, esos ejemplares debían ser retirados. No como sostienen desde Vialidad de que se encontraban "sanos y en buen estado vegetativo".
A su vez, se remarcó que existe un convenio vigente entre ambas instituciones, mediante el cual el municipio ejecutó obras que Vialidad no realizó y que hoy desconoce. En cuanto al desagüe mencionado por el organismo provincial, desde la comuna aclararon que en la zona únicamente funciona un colector cloacal de Aysam construido en 2009.
El cruce entre ambos
En un principio, fue el municipio quien salió primero acusando a DPV, quien tiene jurisdicción ya que se trata de una calle de que en 2022 había pedido que se retiraran varios árboles de la calle Rawson y no se hizo.
Más tarde, fue la DPV quien aseguró que ese árbol que provocó la tragedia, "no fue parte de la erradicación señalada, porque en aquel momento estaba sano y en buen estado vegetativo", señaló en un comunicado. Y también, aseguró que al encontrarse en un lugar urbanizado era responsabilidad del municipio el mantenimiento y vigilancia del estado.
Además, los acusó de que el deterioro de los árboles se debían a obras como cordones, cunetas y banquinas realizadas por la municipalidad y un desagüe industrial que no contaron con la autorización, ni supervisión de la DPV y "podrían haber afectado y desestabilizado a los forestales".
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