También se sumaron Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. La vicepresidenta realizó una demanda penal por calumnias e injurias.
Tras la denuncia, Petri le respondió a Villarruel
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, presentó una denuncia penal contra el diputado mendocino Luis Petri y contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, en el marco de un fuerte conflicto político y mediático que se intensificó en los últimos días. La presentación judicial se realizó ante la Justicia federal luego de una serie de declaraciones públicas que, según la vicepresidenta, afectaron su honor y su rol institucional.
Tras el episodio judicial, el mendocino aseguró que se enfoca en respaldar al Gobierno y cuestinó a quienes buscan "presencia mediática" con denuncias "infundadas".
"Yo estoy concentrado en trabajar para que el gobierno del presidente Javier Milei tenga éxito y para que a los argentinos les vaya bien. Me llama la atención que quienes nunca hicieron nada para ayudar a este gobierno, y se reúnen con gente que amenaza con no dejarlo terminar su mandato, busquen perder tiempo en denuncias sin sentido solo para tener un poco de presencia mediática", respondió el exministro de Defensa a Clarín.
El origen de la disputa se remonta a declaraciones realizadas en programas de televisión y espacios periodísticos, donde Petri sostuvo que Villarruel habría tenido una actitud "golpista" y que apostó al fracaso del gobierno nacional. La vicepresidenta consideró que esas afirmaciones excedieron el debate político y constituyen acusaciones falsas que dañan su imagen pública, por lo que decidió avanzar con una denuncia penal.
En la presentación judicial, Villarruel acusó al legislador y a los periodistas por presuntos delitos de calumnias e injurias, además de otros cargos vinculados con atentados contra el orden público y amenaza de rebelión. También se incluyó una referencia a la figura de "coerción ideológica", prevista en el Código Penal, al sostener que las declaraciones difundidas en los medios podrían haber buscado instalar una interpretación distorsionada sobre su conducta política.
Las denuncias fueron radicadas en tribunales federales y quedaron a cargo de distintos juzgados, que deberán analizar el contenido de las expresiones cuestionadas y determinar si efectivamente configuran los delitos señalados en la presentación. A partir de ahora se espera que la Justicia evalúe pruebas, testimonios y el contexto en el que se produjeron las declaraciones para decidir si la causa avanza o se archiva.
El episodio se da en medio de un clima de fuerte tensión política dentro del oficialismo y de un creciente enfrentamiento público entre distintos referentes vinculados al gobierno. La decisión de judicializar el conflicto profundiza la disputa y abre un nuevo capítulo en la relación entre dirigentes políticos y periodistas, con un caso que podría derivar en un proceso judicial que defina si las declaraciones cuestionadas forman parte del debate político o si constituyen delitos contra el honor.
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