A 14 años del caso que dio la vuelta al mundo, y tras una condena firme a prisión, el Gobierno aplicó la sanción de exoneración a los responsables.
Aplicaron la máxima sanción a los torturadores de San Felipe
El Gobierno de Mendoza aplicó la sanción administrativa más grave prevista por la ley a los ex integrantes del Servicio Penitenciario condenados por torturas cometidas en 2011 contra un interno del Complejo Penitenciario San Felipe. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la exoneración definitiva de los agentes involucrados, luego de que la condena penal quedara firme.
La medida alcanza a los ex guardiacárceles Daniel Adrián Perón González, José Alejandro Arredondo Ahumada, Jonathan Edgardo Bizaguirre Moreno, Germán Orlando Núñez Aciar, Edgardo Yoel Quero Rey, Luis Alejandro Dambrosio Orozco y Johnny Segundo Navarro Ballesteros.
Las torturas ocurrieron en 2011, durante el gobierno de Celso Jaque, y fueron registradas en video desde un teléfono celular, imágenes que dieron la vuelta al mundo. Ocho años después, en septiembre de 2019, el la Justicia de Mendoza condenó a los acusados a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, sentencia que posteriormente quedó firme.
En el plano administrativo, los agentes ya habían sido sancionados en 2013 con cesantía, una medida expulsiva que implica la desvinculación del cargo. Sin embargo, la normativa vigente establece que cuando una causa penal concluye con una condena firme, esa sanción provisoria puede y debe ser agravada. Por ese motivo, el Ministerio resolvió ahora sustituir la cesantía por exoneración.
La exoneración es la máxima sanción disciplinaria: no solo implica la expulsión definitiva del Estado, sino que además inhabilita de por vida para ocupar cargos públicos, afecta derechos previsionales y deja asentado un antecedente administrativo de máxima gravedad. A diferencia de la cesantía, la exoneración no admite reinstalación futura ni acceso a beneficios propios de la carrera estatal.
La resolución también ordena a las áreas de Recursos Humanos evaluar si existió percepción irregular de haberes por parte de los ex agentes y, de corresponder, iniciar los trámites para la restitución de los montos cobrados. Asimismo, se dispuso notificar a la ANSES y a los organismos previsionales para que se apliquen las consecuencias previstas por la ley.
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