En el marco del cierre de las sesiones extraordinarias, el oficialismo busca una nueva victoria.
El Senado debate este viernes la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil
El Senado de la Nación Argentina debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de Reforma Laboral y de Ley Penal Juvenil, en lo que será la última sesión clave del período extraordinario antes del discurso que el presidente Javier Milei brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa.
Según el orden del día, primero se tratará la reforma laboral y luego el nuevo Régimen Penal Juvenil. El oficialismo aspira a convertir en ley ambas iniciativas y consolidar así una nueva victoria parlamentaria.
Baja de la edad de imputabilidad
La reforma del Régimen Penal Juvenil, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
El proyecto establece un esquema escalonado de sanciones que va desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. También dispone que los menores no podrán compartir lugares de detención con adultos e incorpora programas de resocialización.
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Para delitos con penas menores a tres años se excluye la prisión. En los casos con penas de entre tres y diez años que no hayan causado muerte o lesiones graves, se priorizarán sanciones alternativas con enfoque social y educativo.
Reforma laboral: cambios estructurales
La Reforma Laboral, impulsada por el Poder Ejecutivo, introduce modificaciones profundas en el régimen de despidos, vacaciones, negociación colectiva y derecho de huelga.
El Senado deberá convalidar el único cambio introducido por Diputados: la eliminación del artículo 44, que reducía el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales y había generado fuerte controversia.
Algunos puntos destacados
Vacaciones: podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días y no necesariamente deberán otorgarse en verano todos los años; solo una vez cada tres años corresponderán en temporada estival.
Jornada laboral: se fija un máximo de 12 horas, con 12 horas obligatorias de descanso posterior. Las horas trabajadas en exceso podrán compensarse con reducción de jornada en otra fecha, en lugar de pago de horas extras.
Indemnizaciones: se calcularán sobre el salario básico promedio de la actividad, sin incluir aguinaldo, premios ni vacaciones. Podrán abonarse en hasta 12 cuotas en grandes empresas y 18 en pymes.
Negociación colectiva: los convenios vencidos perderán vigencia hasta la firma de uno nuevo. Además, se habilita incorporar componentes salariales adicionales -fijos o variables- por acuerdos sectoriales, empresariales o individuales.
Aportes sindicales: se mantiene el descuento obligatorio con un tope del 2%, con el empleador como agente de retención.
Derecho de huelga: se establecen "servicios esenciales", que deberán garantizar una cobertura mínima del 75%, y "servicios trascendentales", con un piso del 50%. Se considerarán infracciones muy graves las acciones que afecten la libertad de trabajo mediante bloqueos o intimidaciones.
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Apoyos y negociación política
El oficialismo, representado en el Senado por La Libertad Avanza -espacio que preside Patricia Bullrich-, llega a la sesión tras intensas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas.
Entre los mandatarios que respaldan la iniciativa figuran Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), además de los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).
Las negociaciones fueron encabezadas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se extendieron durante casi dos meses para garantizar los votos necesarios.
Con los consensos cerrados y el trámite legislativo acelerado -que incluyó dictamen y sanción en plazos reducidos-, el Gobierno buscará ahora convertir en ley ambos proyectos y llegar al discurso presidencial del domingo con el respaldo de una nueva batería de reformas aprobadas.
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