La obra social de los trabajadores rurales formalizó un pedido de reestructuración financiera tras un requerimiento de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Desde el gremio advierten sobre riesgos para prestaciones y empleos.
La obra social de empleados rurales en crisis y denuncian presión política
La Obra Social de los Empleados Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), que brinda cobertura sanitaria a cientos de miles de trabajadores rurales, presentó este 27 de noviembre un "Proceso Preventivo de Crisis" ante el Ministerio de Trabajo. La medida llega tras la exigencia de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que en las últimas dos semanas condicionó cualquier ayuda financiera a la apertura de este mecanismo.
Desde la conducción del gremio, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), cuestionaron la determinación: consideraron que no responde a una crisis de fondo, sino a una estrategia del Gobierno para debilitar las obras sociales sindicales y favorecer al sistema de prepagas.
Dimensión de la deuda y fondo de la disputa
Según lo declarado por el sindicato, la deuda que se le imputa a OSPRERA ronda los 28.000 millones de pesos, parte de los cuales corresponderían a aportes retenidos por el Estado y reintegros pendientes por tratamientos de alta complejidad.
No obstante, desde la SSS recalcan que los planes de regularización presentados fueron rechazados, y por eso exigen el procedimiento preventivo como condición para refinanciar o asistir a la obra social.
Riesgos que advierten los trabajadores rurales
El protocolo de crisis habilita medidas que podrían impactar fuertemente: suspensiones, reducciones de jornada y hasta despidos con indemnización reducida al 50 %.
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Desde UATRE ya convocaron asambleas en todo el país. Su cúpula anticipó que harán todo lo necesario para defender tanto los empleos como las prestaciones, al tiempo que no descartan iniciar protestas si el proceso avanza en detrimento del personal o los beneficiarios.
La situación de OSPRERA no es aislada: en los últimos meses el Gobierno nacional intervino varias obras sociales sindicales, argumentando irregularidades financieras y operativas.
En el caso de OSPRERA, ya se habían denunciado recortes en la red de atención: se cerraron cientos de puntos de asistencia y se rescindió un contrato clave que proveía más de 500 bocas de expendio en todo el país.



