La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante la Justicia estadounidense para suspender el fallo que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF.
La estrategia argentina contra el fallo a YPF
El Estado argentino enfrenta un complejo litigio internacional por la expropiación de YPF en 2012, un caso que ha escalado hasta los tribunales de Nueva York bajo la jueza Loretta Preska. La sentencia, que ordena al país pagar 16.000 millones de dólares mediante la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal, ha generado una fuerte respuesta del gobierno, que busca proteger los intereses nacionales.
La Procuración del Tesoro, encargada de la defensa jurídica del Estado, presentó dos escritos para suspender el fallo, argumentando que su ejecución es inviable y contraviene la normativa argentina. Este conflicto no solo tiene implicaciones económicas, sino que también plantea cuestiones de soberanía y derecho internacional.
La disputa se centra en la nacionalización de YPF, cuando el gobierno de Cristina Kirchner adquirió el 51% de las acciones previamente controladas por Repsol. Los fondos Petersen/Eton Park y Bainbridge, demandantes en el caso, sostienen que Argentina incumplió con el estatuto de la empresa al no realizar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas.
La decisión de Preska, emitida en 2023 y reforzada en 2025, ha sido calificada como controvertida por el Estado argentino, que considera que la transferencia de acciones es jurídicamente imposible sin la aprobación del Congreso. Este escenario ha llevado al gobierno a desarrollar una estrategia legal para revertir o suspender el fallo mientras se tramita una apelación.
La defensa argentina frente al fallo de Preska
La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo que obliga al Estado argentino a ceder el 51% de las acciones de YPF , argumentando que la sentencia vulnera la legislación nacional, específicamente la Ley 26.741, que establece el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos y requiere autorización legislativa para cualquier transferencia de acciones estatales.
La defensa destacó que la ejecución del fallo despojaría a Argentina de su control mayoritario en YPF, lo que activaría cláusulas contractuales perjudiciales para los accionistas y la empresa. Además, el caso se presenta como una disputa sin precedentes, con cuestiones jurídicas complejas que no han sido resueltas previamente por tribunales de apelación. Este argumento busca reforzar la probabilidad de que el fallo sea revertido en instancias superiores, mientras se protege el interés público y la soberanía energética del país.
Implicaciones legales y soberanas
El Estado argentino sostiene que la sentencia de Preska no solo contraviene la normativa local, sino que también plantea conflictos en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos. La defensa señaló que no existen antecedentes que respalden la ejecución de activos de un Estado extranjero en EE.UU. bajo las condiciones propuestas por la jueza, lo que refuerza la posición de Argentina para apelar la decisión.
Además, se destacó que la transferencia de acciones implicaría un cambio de control en YPF, afectando a terceros como provincias y bonistas, y generando un impacto económico y estratégico significativo. En este contexto, la Procuración del Tesoro también respondió a las referencias de los demandantes sobre declaraciones del gobernador Axel Kicillof, aclarando que sus opiniones políticas no reflejan la estrategia legal del gobierno nacional.
Estrategia de apelación y plazos
Mientras se espera la resolución de Preska sobre la solicitud de suspensión, el gobierno argentino prepara una apelación formal ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York. Esta apelación buscará cuestionar la jurisdicción de la jueza y la viabilidad legal de la sentencia, enfatizando que la transferencia de acciones requiere la aprobación del Congreso argentino, lo que hace inviable su ejecución inmediata.
La defensa también argumenta que los demandantes no sufrirían perjuicios significativos si se suspende el fallo, dado que la legislación argentina protege las acciones estatales de YPF. Este enfoque busca ganar tiempo para fortalecer la posición argentina en el litigio y evitar un daño irreparable al control estatal de la petrolera.
