La CGT presentó un amparo en la Justicia por la reforma laboral

 La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió llevar su disputa contra la reforma laboral al terreno judicial y presentó un recurso de amparo con el objetivo de impedir que la nueva normativa entre en vigencia. La presentación fue realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, que ahora deberá analizar si el planteo sindical tiene sustento constitucional.

El expediente quedó a cargo del juez Enrique Lavie Pico, un magistrado que ya tuvo intervención en conflictos recientes entre el sindicalismo y el Gobierno. Su tribunal había sido uno de los que revisó medidas vinculadas al proceso de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei, lo que vuelve a colocar al fuero contencioso administrativo en el centro del debate político.

La ofensiva judicial se produce pocos días después de que el Senado aprobara la reforma laboral, un proyecto que generó fuerte rechazo en el movimiento sindical. Aunque la ley obtuvo sanción definitiva en el Congreso, aún resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, lo que abre una ventana temporal en la que la central obrera intenta bloquear su aplicación.

En su presentación, la CGT argumenta que la normativa vulnera principios básicos del derecho laboral argentino y contradice garantías establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Según el documento presentado ante la Justicia, la reforma implicaría un retroceso en derechos adquiridos por los trabajadores y afectaría el equilibrio entre empleadores y empleados.

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El texto también invoca estándares internacionales vinculados al trabajo, incluyendo principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y compromisos asumidos por la Argentina en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Para la central sindical, la ley contradice el principio de progresividad de los derechos laborales, que impide retrocesos injustificados en materia de protección al trabajador.

Entre los aspectos más cuestionados por el sindicalismo aparecen los cambios en la organización de la jornada laboral, la redefinición del sistema de horas extras, y la posibilidad de introducir nuevos mecanismos para el pago de indemnizaciones por despido. Según la interpretación de los gremios, estos cambios podrían derivar en reducciones indirectas de ingresos y en una flexibilización del régimen laboral vigente.

La reforma laboral se convirtió en uno de los capítulos más conflictivos de la agenda política del gobierno de Javier Milei, que sostiene que la normativa es necesaria para modernizar el mercado de trabajo, reducir costos laborales y fomentar la creación de empleo formal. Desde el oficialismo argumentan que el sistema actual desalienta la contratación y contribuye a la expansión de la informalidad.

Del lado sindical, en cambio, la reforma es vista como un intento de debilitar la protección legal de los trabajadores y alterar el equilibrio de fuerzas dentro del sistema laboral argentino. Por esa razón, la conducción de la CGT decidió avanzar con una estrategia que combina movilización gremial, presión política y acciones judiciales.

La decisión de acudir a los tribunales se suma a otras medidas de protesta que el sindicalismo viene desplegando desde que el proyecto comenzó a debatirse en el Congreso. Para los gremios, el objetivo es que la Justicia revise la constitucionalidad de la norma antes de que empiece a aplicarse.

Ahora será el Poder Judicial el que deba determinar si el reclamo sindical prospera o si la reforma laboral puede avanzar sin obstáculos legales. La resolución del caso podría tener impacto directo en el rumbo de uno de los cambios estructurales más relevantes que impulsa el Gobierno en materia económica y laboral.