Cómo es el nuevo sistema de penas para menores en Argentina.
La baja de la edad de imputabilidad rige desde este lunes
Argentina estrena un nuevo marco legal para juzgar delitos cometidos por adolescentes. La reforma del Régimen Penal Juvenil, impulsada por el gobierno nacional, introduce cambios profundos en el tratamiento judicial de menores y redefine el sistema de penas aplicables a quienes tengan entre 14 y 18 años.
La normativa reemplaza el esquema hasta ahora vigente y establece reglas específicas para adolescentes que enfrenten causas penales. El punto más debatido es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años, lo que habilita a que jóvenes de esa franja puedan ser procesados y eventualmente condenados por delitos graves.
El proyecto fue aprobado por el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, luego de haber obtenido media sanción en Diputados. Tras esa votación, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 138/2026 este lunes 9 de marzo y así formalizó su entrada en vigencia.
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La reforma no solo introduce la baja de edad. También crea un sistema de sanciones adaptado a la situación de cada adolescente. La legislación establece que el régimen de penas debe priorizar la educación, la resocialización y la integración laboral, con el objetivo de reducir la reincidencia y facilitar que los jóvenes retomen un proyecto de vida fuera del delito.
Otro aspecto central es el tratamiento de la privación de la libertad. La ley dispone que el encierro debe utilizarse únicamente como último recurso y por el menor tiempo posible. En caso de ser necesario, los adolescentes deberán permanecer en instituciones especiales y nunca compartir espacios con adultos detenidos.
El nuevo esquema también incorpora medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menos graves. Entre ellas se contemplan servicios comunitarios, restricciones de circulación, controles judiciales o monitoreo electrónico domiciliario. Estas herramientas buscan reducir el uso de la prisión preventiva y priorizar intervenciones que favorezcan la reinserción social.
Además, el sistema establece límites claros a las penas. Los menores de 18 años no podrán recibir prisión perpetua y las condenas tendrán un máximo determinado, con procedimientos judiciales que deben tramitarse con rapidez para evitar demoras prolongadas en los procesos.
La reforma marca así un cambio estructural en la política criminal juvenil del país. Mientras el Gobierno sostiene que busca reforzar la responsabilidad penal frente a delitos graves, especialistas y organismos de derechos humanos advierten que el desafío será garantizar recursos y programas efectivos para que la reinserción de los adolescentes no quede solo en el texto de la ley.
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