La Comisión de Disciplina recibió acusaciones que van desde abuso de poder hasta acoso sexual. Empleadas del juzgado relataron episodios de violencia laboral y psicológica.
El juez que prohibió divulgar los audios tiene cinco denuncias por acoso sexual
El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, es el responsable de prohibir la circulación de los supuestos audios de Karina Milei. Sin embargo, el magistrado enfrenta un complejo frente judicial: acumula nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales cinco corresponden a presunto acoso sexual contra trabajadoras de su juzgado.
La notificación de cargos al juez federal fue enviada la semana pasada y el magistrado dispone de 20 días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau, según publicó Infobae.
Desde septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (Aefpjn) había reclamado custodia policial dentro del juzgado para resguardar a las trabajadores, luego de que se multiplicaran las denuncias.
Testimonios de empleadas y causas abiertas
Los expedientes en su contra incluyen acusaciones por abuso de poder, maltrato, uso indebido de recursos públicos y acoso sexual. Una de las denunciantes aseguró que fue citada por Maraniello a un encuentro fuera del horario laboral, donde sufrió tocamientos y besos no consentidos. Relató además que se sintió forzada a mantener relaciones sexuales por temor a perder su puesto.
Otra empleada denunció mensajes por redes sociales, observaciones sobre su vestimenta, acoso físico y presión laboral tras negarse a atender pedidos personales del juez. La víctima señaló que necesitó medicación psiquiátrica y que llegó a experimentar depresión y pensamientos suicidas antes de radicar la denuncia en la Unidad de Bienestar Laboral.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, encabezada por la fiscal Mariana Labozzetta, tomó declaración y derivó la causa a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli, al considerar que podrían configurarse delitos de acción pública.
El proceso disciplinario sigue en evaluación. La Comisión de Disciplina debe definir si aplica sanciones administrativas o si gira las actuaciones a la Comisión de Acusación, que podría impulsar la remoción del magistrado.
Mientras tanto, continúa la recolección de testimonios de empleados y exempleados, algunos de los cuales relataron situaciones de vulnerabilidad personal y económica que los dejaban expuestos a los abusos.
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