El ministro Caputo anunció que ARCA aplicará un esquema progresivo para las sanciones por falta de presentación de declaraciones juradas, con el objetivo de evitar castigos automáticos y aliviar al sector privado.
El Gobierno definió un cambio para Inocencia Fiscal: de qué se trata
En el marco del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y podría convertirse en ley esta semana en el Senado, el Gobierno nacional confirmó un cambio central en la forma en que se aplicarán las multas tributarias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que las sanciones previstas en la reforma de la Ley de Procedimiento Tributario serán graduadas mediante una reglamentación específica de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La definición llevó alivio a contadores y empresarios, que habían manifestado preocupación por el fuerte incremento de las multas contempladas en el proyecto. A través de la red social X, Caputo explicó que ya se encuentra trabajando con el equipo técnico de ARCA para establecer un mecanismo que contemple la conducta del contribuyente y la gravedad del incumplimiento.
Según detalló el ministro, una vez vencido el plazo para presentar una declaración jurada, ARCA no aplicará de manera inmediata una intimación ni la multa correspondiente. En su lugar, enviará un recordatorio con un plazo de entre 10 y 15 días hábiles. Recién una vez transcurrido ese período se procederá a intimar formalmente y, de corresponder, a aplicar la sanción.
Estuve leyendo algunos comentarios respecto de las multas automáticas de ARCA que están incluidas en el proyecto de Inocencia Fiscal que tiene media sanción en diputados.Atento a sus inquietudes, hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución... https://t.co/171hObciCx
— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025
"El organismo va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación para aplicar una multa menor, distinguiendo los incumplimientos ocasionales de los reiterados", explicó Caputo. Y concluyó: "Creemos que esta alternativa permitirá cumplir con las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado".
La Ley de Inocencia Fiscal impulsa una actualización integral del régimen sancionatorio, cuyos montos permanecían prácticamente sin cambios desde hace décadas. El proyecto reconoce que la inflación había desnaturalizado las multas vigentes, restándoles capacidad disuasiva y fomentando el incumplimiento formal.
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Entre los cambios más controvertidos se encuentra la actualización de las multas por infracciones formales, que pasan de un rango de entre $200 y $400 a valores de entre $220.000 y $440.000. En el caso de la falta de presentación de declaraciones juradas informativas, las sanciones se elevan de manera sustancial y podrán oscilar entre $5.000.000 y $10.000.000.
También se endurecen las penalidades vinculadas a regímenes de información complejos, especialmente aquellos relacionados con operaciones internacionales. La omisión de datos sobre operaciones con sujetos del exterior podrá ser sancionada con multas de hasta $22.500.000, mientras que no designar informante en el régimen País por País podría implicar sanciones de hasta $67.500.000.
La reforma contempla, además, que las multas se actualicen automáticamente por UVA a partir del 1 de enero de 2027, con el objetivo de evitar nuevos desfasajes en el tiempo.
En paralelo, el proyecto introduce cambios relevantes en el Régimen Penal Tributario, al elevar de manera significativa los montos mínimos que configuran delitos impositivos y de la seguridad social. Esta actualización reducirá la cantidad de casos susceptibles de judicialización penal y concentrará la persecución en maniobras de mayor gravedad.
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Otra modificación clave es la ampliación del régimen de extinción de la acción penal, que permitirá cerrar causas incluso después de realizada la denuncia, siempre que el contribuyente cancele la deuda, los intereses y un adicional del 50%. Asimismo, se incorporan nuevos supuestos en los que ARCA no deberá formular denuncia penal si se acredita buena fe o regularización espontánea.
El proyecto también reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores y crea un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, con declaraciones juradas prellenadas y efecto liberatorio para personas humanas con ingresos y patrimonios por debajo de determinados umbrales.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el espíritu de la iniciativa apunta a proteger al contribuyente cumplidor, fomentar la formalidad y priorizar la recaudación efectiva por sobre la sanción automática, en un contexto de reordenamiento integral del sistema tributario.
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