El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó este jueves que el Gobierno "apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional".
El funcionario lo comunicó a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia suspendiera por seis meses cualquier acto administrativo que derive del decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA).
El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional.
En aquel momento, el vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.
%uD83D%uDEA8 "EL PROBLEMA NO ES LA HERRAMIENTA, EL PROBLEMA ES QUIEN LA USA Y PARA QUE"
A partir de la publicación del decreto, el Gobierno libertario también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasó a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
La detección de estas inconsistencias surgió en medio de una auditoría integral que el Gobierno ordenó sobre ANDIS tras un escándalo por audios en los que su ex titular, Diego Spagnuolo.
"El bloque necesita una reforma institucional e integral", sostuvo el Presidente en la cumbre, con duras críticas al bloque. Además, pidió por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela.
Antes de desempeñarse como jefe de Gabinete, Manuel Adorni inició una demanda laboral contra su exempleador por trabajo parcialmente no registrado y consiguió un acuerdo que hoy equivaldría a más de US$60.000.