Gobernadores de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz presionan por cambios en la reglamentación, buscando facilitar las inversiones en minería.
Provincias mineras solicitaron al Gobierno nacional cambios en la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, que protege los glaciares y el ambiente periglacial en Argentina, podría sufrir modificaciones a principios de 2026. Las provincias mineras de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz han manifestado su preocupación por los efectos de esta legislación sobre el sector productivo, y están pidiendo ajustes en la normativa para facilitar las inversiones.
El reclamo principal de las provincias, acompañado por solicitudes de empresas mineras, es la modificación del concepto de "periglaciar". Este término ha generado controversia, ya que limita la posibilidad de exploración en áreas cercanas a los glaciares o consideradas como posibles zonas periglaciares, lo que afecta directamente las operaciones de las empresas.
Según Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, "es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o crear una nueva ley que delegue en las provincias la autoridad para determinar lo que constituye un glaciar".
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La ley, sancionada en 2010, establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua y fuentes de información científica, además de prohibir actividades como la minería, la exploración de hidrocarburos y la construcción en áreas sensibles. Sin embargo, las provincias mineras sostienen que esta legislación ha obstaculizado el desarrollo de proyectos productivos, afectando no solo a la minería, sino también a otras áreas de explotación de recursos naturales.
Según indicó TN el oficialismo estaría trabajando en la posibilidad de presentar un proyecto de modificación en el Congreso a principios del próximo año. "Se va a presentar a principios de 2026 porque es algo para lo que se necesita muchos consensos", señalaron desde La Libertad Avanza.
Se prevé que el Gobierno busque un amplio respaldo en el Congreso, con el objetivo de avanzar en una legislación que favorezca tanto el medio ambiente como las inversiones en el sector minero.
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