En la causa por el desvío de fondos del programa Fútbol para Todos.
Pidieron condenas para Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por corrupción
El fiscal Miguel Ángel Osorio solicitó este jueves penas de prisión para los exjefes de Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, en el marco de la causa por presuntas irregularidades y desvíos de fondos del programa "Fútbol Para Todos" (FPT), ejecutado entre 2009 y 2015 durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Según el alegato, presentado junto a la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, Fernández debería recibir tres años de prisión en suspenso como autor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso con violación de los deberes de funcionario público, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para Capitanich, en tanto, se pidieron ocho meses de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo, acusado de incumplir los deberes de funcionario público.
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Devolución millonaria
Los fiscales reclamaron que los exfuncionarios, junto a otros imputados, devuelvan al Estado un total de 456 millones de pesos (actualizados a valor actual), además del decomiso de otros 131 millones vinculados a contratos irregulares con la empresa IVECO, cuyos fondos deberían destinarse al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
En ese marco, Osorio sostuvo que tanto Fernández como Capitanich omitieron controlar el destino de los pagos que la Jefatura de Gabinete realizó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esa falta de supervisión, aseguró, permitió a las conducciones de AFA -primero Julio Grondona y luego Luis Segura- desviar fondos hacia la Fundación "El Futbolista" y a través de cheques diferidos, en perjuicio de los clubes.
El rol de Iveco y los contratos de sponsoreo
La fiscal Garmendia centró parte de su exposición en los convenios de sponsoreo firmados entre AFA, Jefatura de Gabinete e Iveco, entre 2010 y 2015. Según explicó, la empresa de camiones pagó hasta un 75% menos del valor real por la publicidad en las transmisiones y, en algunos casos, entregó vehículos como parte de pago, algo no previsto en la normativa de contratación pública.
La Auditoría General de la Nación (AGN) ya había advertido estas irregularidades, señalando que el primer contrato con Iveco debió ascender a 28 millones de pesos, aunque finalmente se acordó por apenas 7 millones.
Tras el alegato, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, cuando se retomará el debate que definirá la situación procesal de los acusados.
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