La modificación exige un "Informe de Planificación" que justifique el viaje y será aprobado por Manuel Adorni. Además, solo podrá viajar un funcionario o autoridad por cada evento o actividad internacional.
El Gobierno modifica las condiciones de viajes al exterior para funcionarios
La Casa Rosada volvió a modificar el régimen que regula los viajes oficiales al exterior. A través de la decisión administrativa 9/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Administración Pública Nacional introdujo cambios en el esquema de autorizaciones, comitivas y clases de pasajes para funcionarios.
La modificación se produce después de que, en septiembre de 2024, el Gobierno hubiera endurecido las condiciones para viajar fuera del país, en el marco del ajuste económico. Aquel esquema, implementado cuando Guillermo Francos ocupaba la Jefatura de Gabinete, establecía límites estrictos que iban desde la elección de aerolíneas hasta la cantidad de permisos requeridos.
Ahora, la nueva normativa mantiene el control político sobre las autorizaciones, pero ajusta el procedimiento con el argumento de reducir cargas operativas y agilizar trámites.
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Centralización en la cúpula
El artículo 3° reafirma que la aprobación de los traslados al exterior seguirá dependiendo del jefe de Gabinete de Ministros. En la práctica, será Manuel Adorni quien deba autorizar los viajes de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango equivalente a ministro.
Para el resto de los funcionarios, la facultad podrá recaer en el titular de la cartera ministerial correspondiente, en ministros, secretarios de la Presidencia o en titulares de organismos descentralizados, siempre de acuerdo con el rango del solicitante.
El trámite exige completar el "Informe de Planificación de Gestión Internacional", un formulario que formaliza la autorización y que debe llevar la firma conjunta del funcionario que viajará y de la autoridad competente según la jerarquía de ambos.
Si la firma es delegada, esa delegación debe quedar expresamente asentada en el formulario y solo puede recaer en un funcionario con rango no inferior a subsecretario. Hay una excepción clave: si el propio subsecretario es quien viaja o si depende directamente de él el agente que realiza la misión, no puede transferir la firma y deberá suscribir el documento junto al titular del organismo o jurisdicción.
El plazo mínimo para presentar el trámite ante la Jefatura de Gabinete será de diez días hábiles previos al viaje, salvo razones extraordinarias debidamente justificadas. Quedan exceptuados los casos en que el viaje sea aprobado directamente por el titular de la cartera o por el funcionario en quien este haya delegado la firma.
Comitiva reducida, salvo justificación
Uno de los puntos más sensibles es la composición de las comitivas oficiales. La norma establece que solo podrá viajar un funcionario o autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional, sin importar quién financie el gasto.
Si se considera necesario ampliar la delegación, la autoridad que lo solicite deberá justificar expresamente la presencia de cada integrante adicional, lo que implicará revisar el formulario correspondiente.
El texto oficial es categórico: se limitan las comitivas a un máximo de un funcionario por evento, cualquiera sea la fuente de financiamiento. Es un mensaje político claro en un contexto en el que los viajes al exterior suelen estar bajo la lupa pública.
Clases de pasajes: quién viaja y cómo
La decisión también redefine los criterios para asignar clases de pasajes:
Los funcionarios del Grupo A podrán utilizar clase ejecutiva.
Los del Grupo B deberán viajar en clase económica, aunque se contempla la posibilidad de autorizar ejecutiva para secretarios o rangos equivalentes si existen motivos de salud, seguridad personal o productividad vinculada a sus funciones, y siempre con autorización previa del titular de la jurisdicción.
Para los Grupos C y D solo se permite clase económica. Cualquier mejora de categoría correrá por cuenta del pasajero y no implicará gasto adicional para el Estado.
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