Francos: "No se puede repartir lo que no se tiene"

El sistema político argentino enfrenta un momento de alta tensión a pocos meses de las elecciones nacionales de octubre de 2025. Las recientes aprobaciones en el Senado de varios proyectos de leyes han generado un fuerte rechazo desde el Ejecutivo, liderado por el presidente Javier Milei. Estas iniciativas, impulsadas por sectores opositores, reflejan las estrategias preelectorales de distintos bloques, especialmente en un contexto donde los gobernadores buscan fortalecer sus posiciones. La postura del Gobierno se centra en mantener una estricta disciplina financiera, considerada clave para consolidar los avances económicos logrados.

Equilibrio fiscal como prioridad

Desde el inicio de la gestión de Milei, el Ejecutivo ha enfatizado el equilibrio fiscal como pilar fundamental para estabilizar la economía y reducir la inflación. La eliminación de pasivos remunerados del Banco Central y el recorte de gastos estatales han permitido un crecimiento económico del 6% en 2025, según datos oficiales. Además, la pobreza se redujo del 53% al 30% desde diciembre, lo que el Gobierno atribuye a una inflación en descenso. Este contexto explica la resistencia oficial a cualquier medida que pueda desestabilizar las cuentas públicas, especialmente en un año electoral.

Veto a leyes de alto impacto fiscal

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó este sábado que el Gobierno vetará las leyes aprobadas por el Senado, como el aumento de jubilaciones  y la emergencia en discapacidad, por considerarlas insostenibles. 

En diálogo con Radio Rivadavia, afirmó que "no se puede repartir lo que no se tiene", criticando medidas que elevan el gasto sin fuentes claras de financiamiento. Estas leyes, que incluyen también una moratoria previsional, podrían costar 3,2 puntos del PBI, equivalente a más de 10.000 millones de dólares anuales, según la consultora Quantum.

 Francos señaló que la alta informalidad laboral y las cargas tributarias dificultan la sostenibilidad del sistema previsional, agravada por iniciativas de este tipo. El funcionario destacó que el veto busca proteger el equilibrio fiscal, considerado esencial para evitar un repunte inflacionario.

Dinámicas preelectorales y tensiones

El contexto preelectoral ha intensificado las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores, algunos de los cuales apoyaron estas leyes en reacción a las políticas de La Libertad Avanza. Francos reconoció que no lograron convencer a todos los mandatarios provinciales, pero insistió en que el diálogo sigue abierto, diferenciando entre gobernadores austeros y aquellos que priorizan el gasto. 

Las leyes aprobadas, impulsadas por una coalición opositora liderada por el kirchnerismo, reflejan un intento de capitalizar políticamente temas sensibles como las jubilaciones y la discapacidad. El jefe de Gabinete subrayó que el Gobierno utilizará todos los recursos legales, incluida la judicialización, si el Congreso insiste en estas iniciativas tras el veto. La Ley de Administración Financiera, que prohíbe aprobar gastos sin financiamiento claro, respalda la postura oficial.

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Perspectivas hacia el futuro

El Gobierno confía en que la sociedad respalda su enfoque de disciplina fiscal, que Francos describió como un "cambio de cultura económica". La estrategia oficial incluye mantener el veto y, si es necesario, recurrir a la Justicia para bloquear las leyes, mientras se prepara para las elecciones de octubre. La tensión con los gobernadores y la oposición marca un escenario político complejo, pero el Ejecutivo apuesta por consolidar su narrativa de responsabilidad económica. Este enfrentamiento refleja el desafío de equilibrar demandas sociales con la sostenibilidad fiscal, en un momento clave para el rumbo del país.