El abogado Carlos Aguinaga, representante de la firma española Iberte, habló en Radio Post y detalló las causas judiciales que complican a la cúpula de Fecovita. Denuncian una maniobra por USD 32 millones y balances adulterados por miles de millones de pesos.
Fecovita: el riesgo que enfrentan 5.000 productores
La crisis de Fecovita vuelve a impactar en el corazón de la vitivinicultura mendocina. En una entrevista en el programa "Tenés que saberlo", por Radio Post 92.1, el abogado Carlos Aguinaga, representante de la empresa española Iberte, explicó el estado de las causas judiciales que involucran a la conducción de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas.
El conflicto tiene origen en la sociedad exportadora Evisa, creada entre Fecovita e Iberte con el objetivo de vender vino y mosto al exterior. Según relató Aguinaga, la firma española aportó 32 millones de dólares para capitalizar el emprendimiento conjunto, mientras que la federación debía transferir activos y garantizar el suministro de producto.
De acuerdo con la acusación que impulsa la fiscalía, ese compromiso no se cumplió. El fiscal Juan Ticheli investiga una presunta maniobra que habría consistido en captar los fondos, utilizarlos para financiar a Fecovita y luego abandonar la sociedad sin realizar los aportes comprometidos.
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Dos causas penales abiertas
Actualmente, directivos de la federación -entre ellos el presidente Rubén Panella y el ex titular Eduardo Sancho- están imputados en dos frentes:
-Estafa, con una pena prevista de 1 mes a 6 años.
-Falsificación de balances, delito que contempla de 6 meses a 2 años.
Según explicó Aguinaga, la investigación detectó presuntas irregularidades en los balances de 2021, 2022 y 2023, y ya hay tramos elevados a juicio. La fiscalía sostiene que en 2021 se habrían sobrevaluado bienes por $3.000 millones, lo que transformó un quebranto cercano a $970 millones en un resultado positivo. En 2022, la sobrevaloración señalada rondaría los $6.000 millones.
El delito de balance falso no solo afecta a los socios comerciales, sino también a bancos, proveedores y empleados, ya que compromete la información financiera pública de la empresa.
El impacto en los productores
Más allá de las responsabilidades individuales, el foco está puesto en las consecuencias económicas para las 29 cooperativas que integran la federación y, en última instancia, para las 5.000 familias productoras asociadas.
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Aguinaga advirtió que, en caso de una sentencia adversa y la necesidad de recomponer el patrimonio, el costo podría trasladarse hacia abajo en la estructura cooperativa. Además, señaló que la frustrada exportación de hasta 2,5 millones de litros mensuales representaba una salida posible frente al actual sobrestock de vino en Mendoza.
La causa judicial, que comenzó tras la ruptura del vínculo societario en 2022 y un acuerdo posterior también incumplido según la denuncia, mantiene en vilo a uno de los actores más relevantes del sector vitivinícola argentino.
El proceso ahora avanzará hacia debates orales donde se determinarán responsabilidades penales y eventuales condenas. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en todo el mundo del vino.
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