En A pesar de las llamas, por Radio Post FM 92.1, el juez de la Suprema Corte de Mendoza sostuvo que el paso del tiempo consolidó inversiones en Agrelo y cuestionó tanto a la administración pública como a la Justicia por la tardanza en resolver.
Fallo por los pozos de Irrigación: Adaro apuntó contra la demora del Estado
El juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Mario Adaro explicó su postura sobre el fallo que ordenó cegar una serie de pozos de Irrigación otorgados hace más de una década en forma irregular. Lo hizo este viernes en el programa A pesar de las llamas, de Radio Post FM 92.1, donde dejó en claro que no compartió el criterio de la mayoría y que, a su entender, el Estado generó una situación de confianza que no podía desconocerse tantos años después.
La sentencia del máximo tribunal provincial se metió en uno de los expedientes más sensibles alrededor del uso del agua subterránea en Mendoza. El caso gira en torno a permisos concedidos a emprendimientos en la zona de Alto Agrelo, sobre los que después recayeron cuestionamientos por supuestas irregularidades en su otorgamiento. La mayoría de la Corte entendió que esos pozos fueron mal entregados y que deben ser cegados (cerrados), aunque habilitó una salida para que las empresas puedan seguir accediendo al recurso mediante otro esquema legal y económico.
Adaro, en cambio, sostuvo que la clave del caso está en el tiempo transcurrido. Remarcó que no sólo la Corte tardó años en resolver, sino que también Irrigación demoró cerca de tres años en revisar permisos que antes había avalado. Según planteó, ese mismo Estado que primero autorizó inversiones y fijó plazos para ejecutarlas, tiempo después cambió de criterio, cuando ya había una realidad consolidada en el terreno.
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En ese marco, el magistrado defendió la idea de que existió una confianza legítima de parte de los inversores. Señaló que, al menos en la apariencia jurídica del expediente, la asociación que recibió prioridad para acceder al agua estaba encuadrada en la normativa vigente, y que nadie promovió en su momento una discusión penal o civil que acreditara un fraude en el origen del trámite.
Para Adaro, resolver 13 años más tarde con una mirada estrictamente formal termina generando consecuencias más complejas. Recordó que en la zona alcanzada por el fallo se desarrollaron emprendimientos productivos y turísticos, con viñas, frutales, infraestructura y hasta un hotel. Bajo esa lógica, consideró que el Estado no puede actuar de manera arbitraria frente a derechos que, con el paso de los años, quedaron consolidados en los hechos.
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El juez también evitó pronunciarse sobre uno de los puntos más discutidos tras la sentencia: cómo hará ahora Irrigación para adaptar un régimen pensado para aguas superficiales al uso de aguas subterráneas, como plantea la interpretación del superintendente Sergio Marinelli. Dijo que no podía opinar sobre ese punto porque un eventual planteo podría volver a la Corte.
En la entrevista, Adaro insistió además en que el expediente exhibe fallas profundas del sistema. Habló de demoras injustificables, falta de eficiencia y necesidad de incorporar más transparencia, tecnología y velocidad en la administración pública y en la Justicia. También admitió que cuando los tribunales llegan tarde, muchas veces ya no existe una solución ideal, sino apenas una salida posible frente a un problema que el propio tiempo agravó.
El fallo conocido esta semana abarca ocho pozos, aunque el universo original fue mayor y todavía quedan otras causas pendientes. En el caso puntual de Santa María de los Andes, una de las firmas involucradas, se trata de unas 130 hectáreas con inversiones ya desarrolladas. Por eso, la discusión judicial no se limita a la legalidad del permiso original: también abre un debate sobre qué hacer con actividades económicas que crecieron durante años bajo decisiones previamente avaladas por el propio Estado.
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