Un juez federal revocó la decisión presidencial y remarcó que los derechos de los niños con discapacidad están por encima de las restricciones presupuestarias. El caso fue iniciado por padres de dos chicos con autismo.
Anularon el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso meses atrás. El fallo, firmado por el juez Adrián González Charvay, sostiene que "el derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias".
La causa se originó en un amparo presentado por padres de dos chicos con autismo, quienes denunciaron que se les negaban terapias esenciales para su desarrollo. Según el testimonio de las familias, las escuelas a las que asisten sus hijos advirtieron sobre la falta de recursos por los recortes nacionales: bajos aranceles para los profesionales y restricciones en el transporte escolar.
En su resolución, el magistrado consideró inconstitucional el veto presidencial, al señalar que la búsqueda del equilibrio fiscal no puede imponerse por encima de los derechos fundamentales de personas con discapacidad. La decisión, sin embargo, es de primera instancia y el Gobierno aún puede apelar.
La ley en cuestión modifica las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas, habilitando el beneficio a quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida podría incorporar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, con un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, financiado a través de reasignación de partidas.
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Además, la norma prevé un esquema de aumentos ligados a la inflación para los profesionales, junto a un bono de $100.000 financiado por la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud. Ese refuerzo representaría apenas un 0,03% del PBI, mientras que para talleres protegidos la inversión sería de un 0,0008%.
Con este precedente judicial, se abre la puerta para que otras familias presenten acciones similares contra los recortes aplicados por el Ejecutivo.
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