Tras la aprobación legislativa del proyecto San Jorge, sectores antimineros llevaron la protesta a domicilios particulares, cruzando una línea que deja de lado el debate democrático y abre la puerta a la intimidación y la coacción política.
Escrache a domicilio: una señal de alarma
La aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge, con amplias mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de Mendoza, marcó una definición política dentro del marco democrático, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 7722. En los últimos meses, hubo debate y posiciones contrapuestas, como sucedió en 2011, y una decisión tomada por representantes elegidos por el voto popular. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió hace 14 años, la votación legislativa no dio por cerrada la discusión.
Tras la votación, sectores que se autodefinen como ambientalistas, iniciaron una serie de escraches en domicilios particulares de legisladores que acompañaron el proyecto: acciones dirigidas a casas familiares, con banderas colgadas, presencia sostenida frente a viviendas privadas y consignas de señalamiento personal. Una metodología que nada tiene que ver con el cuidado del ambiente ni con la convivencia democrática, y que más bien se asemejan a prácticas habituales en sistemas políticos del pasado.
El caso del diputado Mauricio Torres, con manifestantes apostados frente a su domicilio en San Carlos, o el de un legislador alvearense con consigna policiales frente a su vivienda, o el escrache a Canal 9 con destrozos de vidrios y autos de trabajadores de la empresa son sólo algunos ejemplos. Lo llamativo, además, es que los propios grupos que impulsan los escraches los exhiben con orgullo en redes sociales, como si el hostigamiento personal fuera una forma legítima de manifestación política.
Al mismo tiempo, conviene hacerse una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué reacción generaría que empresarios, gremios o trabajadores vinculados al proyecto San Jorge escracharan las casas de referentes antimineros o las viviendas de los abogados "ambientalistas" que los patrocinan? El repudio sería inmediato y transversal. Se hablaría, con razón, de aprietes, violencia política y prácticas autoritarias. Entonces, ¿por qué cuando el escrache proviene de una minoría ruidosa que se arroga una superioridad moral, se lo intenta justificar?
Este fue uno de los escraches que mencionó Cornejo hoy en el Congreso Radical: manifestantes se reunieron frente a la casa del diputado Mauricio Torres por haber votado a favor de San Jorge pic.twitter.com/DKj0xL7Lzj
— Mendoza Post (@MendozaPost) December 13, 2025
Hay además un riesgo evidente que pocos parecen querer discutir: ¿qué ocurre si el escrachado reacciona? Un legislador hostigado en su casa, con su familia adentro, o un medio de comunicación señalado públicamente. El clima que se construye es peligroso porque empuja a situaciones de tensión extrema y luego se deslinda de responsabilidades.
Nadie discute el derecho a manifestarse ni a disentir. Eso es parte esencial de la democracia. Lo que está en discusión es el método. El escrache domiciliario y el hostigamiento a medios no buscan debatir ideas ni convencer con argumentos: buscan intimidar, condicionar y disciplinar. Y cuando se cruza esa frontera, deja de ser activismo y pasa a ser coacción. Y cuando la coacción se naturaliza -ya sea contra legisladores o contra periodistas- la democracia empieza a desgastarse, incluso cuando quienes la ejercen dicen hacerlo en nombre de una causa supuestamente justa.
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El contraste más cercano lo dio Chile este mismo domingo. Tras las elecciones, el presidente de izquierda Gabriel Boric llamó por teléfono al ganador de la derecha, José Antonio Kast, y ambos hablaron en vivo ante el país, una regla básica de la democracia moderna: quien gana gobierna, quien pierde lo acepta, y todos respetan el marco institucional. De eso se trata la civilidad.
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