Escándalo en la agencia de Discapacidad: las primeras horas del interventor

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Gobierno nacional atraviesa un momento crítico tras la difusión de audios que señalan presuntos sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina. Este escándalo provocó la salida de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y abogado personal del presidente, quien denunció manejos irregulares en la compra de medicamentos.

La revelación, publicada por el portal Data Clave y el streaming Carnaval, generó un impacto inmediato en la cúpula política de Casa Rosada. La situación derivó en la intervención administrativa del organismo, una medida que busca esclarecer las anomalías y restablecer la confianza en su gestión.

El caso también salpica a Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, señalado en los audios como responsable de irregularidades financieras. La justicia, bajo el juez federal Sebastián Casanello, ordenó 14 allanamientos en oficinas de la ANDIS, domicilios de exfuncionarios y la droguería implicada. 

Estos procedimientos reflejan la gravedad de las acusaciones, que incluyen delitos como cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles. En este contexto, el Gobierno busca contener el daño político mientras evalúa medidas para las pensiones no contributivas.

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Intervención y primeras acciones de Vilches

El nombramiento de Alejandro Vilches como interventor de la ANDIS marca el inicio de un proceso para investigar las irregularidades denunciadas en el organismo. Vilches, ex secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, asumió con el respaldo del ministro Mario Lugones y se reunió en Casa Rosada para delinear su estrategia. 

Su tarea principal, según el decreto de intervención, es elaborar un informe detallado sobre el estado de la ANDIS y proponer recomendaciones para corregir anomalías. Fuentes gubernamentales aseguran que Vilches está "muy centrado" en tomar las riendas y garantizar transparencia, en medio de un clima de tensión en el Ejecutivo.

Allanamientos y avances judiciales

La justicia actuó con rapidez tras la denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, quien acusó a funcionarios y empresarios de formar una red de sobornos. Los allanamientos incluyeron la sede de la ANDIS, los domicilios de Spagnuolo y Garbellini, y la droguería Suizo Argentina, proveedora clave de medicamentos. 

Durante los operativos, se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y una suma de dinero en efectivo, además de dólares hallados en un vehículo vinculado a un directivo de la empresa. Aunque no se emitieron órdenes de detención, el caso permanece bajo secreto de sumario, lo que limita la información disponible y aumenta la incertidumbre en el Gobierno.

Estrategia gubernamental y desafíos pendientes

El Ejecutivo busca deslindar responsabilidades, enfocándose en desvincular las acusaciones de Spagnuolo de figuras clave como Karina Milei y Carlos "Lule" Menem, según registros de audiencias previas. La figura de Garbellini aparece como un posible punto de inflexión, con el oficialismo evaluándolo como potencial responsable de las irregularidades. 

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Sin embargo, la estrategia oficial se desarrolla en un contexto de incertidumbre, ya que Spagnuolo podría optar por colaborar con la justicia como arrepentido. Este escenario preocupa a Casa Rosada, donde el ambiente es descrito como "muy tenso" por fuentes internas.

Futuro de las pensiones y redefinición de políticas

En paralelo, el Gobierno analiza ajustes en las prestaciones para personas con discapacidad, incluyendo la posible suspensión de 220.000 pensiones no contributivas del programa Incluir Salud, que también fue allanado. Voceros oficiales, como Manuel Adorni, destacaron que estas medidas se financiarían con ahorros derivados de auditorías a pensiones mal otorgadas. Además, referentes del sector privado instan a redefinir los criterios de discapacidad y realizar un reempadronamiento, una tarea que Vilches deberá abordar. El escándalo, combinado con estas reformas, plantea un desafío crucial para la ANDIS y el Gobierno, que busca recuperar credibilidad mientras la justicia avanza en la investigación.